La Justicia Federal imputó a cinco personas vinculadas a la banda de Lisandro "Licha" Contreras tras múltiples allanamientos en zonas exclusivas de Rosario que revelaron complejas maniobras de blanqueo de activos.
El origen de la investigación federal en la región
El expediente judicial que derivó en los operativos de las últimas horas tiene su origen directo en un procedimiento realizado en marzo pasado en la localidad de Roldán. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad detectaron un arsenal de armas de fuego que se encontraba enterrado en el predio de una propiedad privada, un hallazgo que encendió las alarmas de los investigadores sobre el poder logístico de la organización criminal.
A partir de los elementos balísticos y tecnológicos secuestrados en ese primer operativo, los fiscales federales Santiago Alberdi y Matías Scilabra trazaron las líneas de conexión que conducían de forma directa hacia el entorno de Lisandro "Licha" Contreras. El sospechoso ya había sido imputado durante el año 2024 bajo el cargo de liderar una asociación ilícita dedicada a diversas actividades delictivas en el Gran Rosario.
Con las pruebas acumuladas respecto al funcionamiento de la estructura, la Fiscalía Federal impulsó una serie de medidas operativas orientadas a desarticular tanto el brazo logístico de la banda como su andamiaje financiero, el cual operaba de manera silenciosa en el mercado local.
Allanamientos en Puerto Norte y detenciones clave
La validación de la hipótesis fiscal se materializó mediante una serie de ruidosos allanamientos coordinados en distintos puntos estratégicos de Rosario. Entre los lugares seleccionados por la justicia para los procedimientos se destacaron complejos residenciales de Puerto Norte, Barrio Martín y otras zonas de alta valuación inmobiliaria de la ciudad.
Como resultado de este despliegue, las fuerzas de seguridad federales lograron la detención de cinco personas que permanecían bajo sospecha de integrar la red de comercialización y cobertura de la banda. Los agentes especializados secuestraron documentación de interés para la causa y una flota de vehículos que presuntamente formaban parte de las ganancias ilícitas del grupo.
La presencia de las fuerzas de seguridad en sectores de alto perfil adquisitivo de la costa rosarina expuso, según los investigadores, los mecanismos de dispersión de fondos que utilizan las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes para mimetizar sus ganancias en el circuito legal.
Maniobras de lavado y el rol del entorno familiar
El eje central de la audiencia imputativa celebrada este viernes giró en torno a la tipificación del delito de lavado de activos de origen delictivo. Dentro del esquema presentado por los fiscales Alberdi y Scilabra, el rol del entorno familiar de Contreras resultó fundamental para sostener las acusaciones de la estructura financiera.
La principal apuntada en esta maniobra es la actual pareja de "Licha" Contreras, a quien los funcionarios del Ministerio Público Fiscal señalaron como una pieza indispensable para el ocultamiento de los bienes de la organización. La acusación formal detalló maniobras orientadas a transferir activos de procedencia dudosa para evitar el rastreo patrimonial del Estado.
"Maniobra de lavado de activos mediante la transferencia de una camioneta valuada en más de 66 millones de pesos", señalaron las fuentes judiciales respecto al cargo específico que pesa sobre la mujer, lo que demuestra el volumen de capitales que administraba la banda en paralelo a sus actividades operativas en el territorio.
Consecuencias judiciales y el impacto en la seguridad
La resolución de esta audiencia marca un avance institucional en la persecución penal del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, al poner el foco no solo en los eslabones operativos o los hechos de violencia, sino en las estructuras económicas que permiten el financiamiento de las bandas organizadas.
Los cinco imputados continuarán sujetos al proceso penal bajo la órbita de los tribunales federales, mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos en Puerto Norte y Barrio Martín. La expectativa de los investigadores es que la información contenida en los teléfonos celulares permita identificar nuevos activos financieros no declarados.
El caso reactiva además la urgencia del debate político e institucional en la región en torno a los controles sobre el mercado de bienes de lujo y las transferencias de vehículos, herramientas habituales utilizadas por las redes criminales locales para reinsertar el dinero de la venta de drogas en la economía formal.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.