Una familia recurrió a la Justicia para frenar el cobro de 6 millones de pesos impuesto por la Provincia ante una falsa amenaza.
La política de "mano dura" administrativa lanzada por el Gobierno de Santa Fe para frenar las amenazas en establecimientos educativos enfrenta su primer gran escollo legal. Una familia de la ciudad de Santa Fe, a la que el Ministerio de Seguridad le reclama el pago de más de 6 millones de pesos por un episodio protagonizado por un menor de edad, presentó una impugnación formal ante la Justicia. El caso pone en duda la constitucionalidad y la validez de las sanciones económicas aplicadas de forma directa por el Poder Ejecutivo sin una sentencia previa.
La controversia surge a raíz de una resolución administrativa que busca resarcir al Estado por los gastos operativos que implica movilizar personal policial y brigadas de explosivos ante cada llamado o nota intimidante. Sin embargo, la defensa de la familia sostiene que el procedimiento viola principios fundamentales del derecho y que el hecho, enmarcado en un contexto escolar, no constituye un delito ni una falta que amerite semejante sanción monetaria.
El origen del conflicto y el vacío legal de la sanción
El hecho que desencadenó esta batalla judicial ocurrió semanas atrás, cuando un alumno de entre 12 y 13 años participó de lo que hoy se conoce como un "desafío viral". El menor redactó o difundió una nota con contenido intimidante que fue hallada en las inmediaciones del colegio. Según el abogado de la familia, Rodolfo Mingarini, el papel fue encontrado en un estacionamiento y no dentro de las instalaciones educativas, lo que a su criterio diluye la figura de peligro real o inminente.
La defensa argumenta que el adolescente reconoció el error de inmediato, pidió disculpas y la propia institución educativa abordó el tema desde una perspectiva pedagógica y de contención. No obstante, la maquinaria administrativa del Ministerio de Seguridad avanzó con la notificación del cobro por los costos del operativo de seguridad desplegado. Para la familia, este cobro es "arbitrario" porque se establece una culpabilidad y una pena económica sin que exista un debido proceso judicial donde se pruebe el dolo o la responsabilidad civil específica.
El planteo judicial hace hincapié en que el Estado provincial está actuando como "juez y parte". Al emitir una boleta de cobro millonaria basándose únicamente en un sumario administrativo interno, se estarían salteando las instancias de defensa que garantiza la Constitución. "No es una amenaza en términos legales", sostuvo Mingarini, quien explicó que para que el delito se configure debe existir una coerción real y una víctima determinada, algo que, según su visión, no ocurrió en este episodio de inmadurez escolar.
Impacto económico y antecedentes del plan provincial
La provincia de Santa Fe implementó este sistema de multas como una medida disuasoria ante la ola de intimidaciones públicas que afectaron el normal dictado de clases durante el último año. Según datos oficiales, la frecuencia de estas amenazas falsas bajó drásticamente desde que se anunció la persecución económica a los padres: de un pico de 80 llamados diarios se pasó a un promedio de 15 intervenciones.
"Texto textual relevante"
"Esto fue un papel encontrado en un estacionamiento, no dentro de la escuela. No hubo una amenaza directa ni una situación de peligro real".
El monto de 6 millones de pesos reclamado a esta familia no es azaroso. Responde a un cálculo que el Ministerio de Seguridad realiza sobre el "costo de movilización" de recursos públicos. Este cálculo incluye:
Horas hombre de personal policial.
Desplazamiento de unidades de la Brigada de Explosivos.
Combustible y logística de los patrulleros.
Lucro cesante por la interrupción de actividades estatales.
Desde el Gobierno defienden la medida alegando que los padres son los responsables civiles de las acciones de sus hijos menores. Sin embargo, este primer revés judicial abre un interrogante sobre si el Ejecutivo tiene la facultad de ejecutar estas deudas sin pasar por un juzgado civil que determine el daño efectivo y la capacidad de pago de los involucrados.
Contexto social y el rol de los desafíos virales
El fenómeno de las amenazas escolares en Santa Fe no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia de "retos" que circulan en redes sociales como TikTok o WhatsApp. Estos desafíos instan a los adolescentes a generar situaciones de caos para lograr la suspensión de clases, sin dimensionar las consecuencias legales que esto acarrea para sus tutores.
La justicia ahora deberá determinar si el mecanismo de cobro por vía administrativa es válido o si, por el contrario, la Provincia debe iniciar juicios individuales de daños y perjuicios para poder cobrar las multas. Mientras tanto, el caso sienta un precedente para otras familias que se encuentran en situaciones similares y que podrían sumarse a la ola de impugnaciones.
El debate de fondo trasciende lo económico: se trata de definir hasta dónde llega la responsabilidad de los padres por el uso que sus hijos hacen de la tecnología y hasta qué punto el Estado puede aplicar sanciones financieras de esta magnitud sin la intervención de un juez que garantice la equidad del proceso. Por ahora, el pago de los 6 millones de pesos quedó en suspenso a la espera de una resolución judicial que marque el camino a seguir en esta política de seguridad pública.
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