El Gobierno nacional oficializó un proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal (Ley 27.642), una medida alineada con los históricos reclamos de las empresas alimenticias. La iniciativa parlamentaria busca eliminar por completo la obligatoriedad de colocar los octógonos negros en los envases de los productos comestibles y bebidas que alertan sobre los excesos de azúcares, sodio, calorías y grasas.
A través de un texto legislativo inusualmente breve, el Poder Ejecutivo nacional formalizó su propuesta con el argumento central de simplificar las regulaciones comerciales y eliminar lo que considera trabas burocráticas para el sector productivo. El artículo único del proyecto es tajante y reza: "Derógase la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable".
Los argumentos oficiales para la derogación
El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema actual genera distorsiones en el mercado interno y encarece los costos de producción para las pymes alimenticias. Según el texto oficial, la normativa vigente atenta contra la libertad de comercio y la libre elección de los consumidores, además de superponerse con las regulaciones del Código Alimentario Argentino.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo en reiteradas oportunidades que el marco regulatorio argentino debe armonizarse con el resto de los países del Mercosur. La administración de Javier Milei considera que el modelo de advertencias nutricionales vigente en el país aísla comercialmente a la Argentina y frena las exportaciones e importaciones de la región.
Por su parte, los representantes del sector industrial agrupados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) expresaron históricamente su rechazo al diseño chileno de octógonos negros adaptado por Argentina. Las compañías aseguran que el sistema demoniza ciertos alimentos en lugar de educar al consumidor sobre porciones saludables.
El impacto de la Ley 27.642 en el mercado argentino
Sancionada en octubre de 2021 tras un prolongado debate parlamentario, la ley modificó las góndolas de los supermercados en el país. El proceso de implementación gradual concluyó a mediados de 2023, cuando las empresas medianas y grandes completaron la adaptación de sus envases a los estándares fijados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
"La ley de etiquetado frontal no solo impuso los octógonos negros, sino que prohibió la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños y reguló los entornos escolares", explicaron especialistas en nutrición y políticas públicas.
Un relevamiento de consultoras privadas de consumo masivo indicó que el 60% de los consumidores argentinos modificó al menos una de sus decisiones de compra habituales tras la aparición de los sellos de advertencia. El impacto fue mayor en categorías específicas como los yogures aromatizados, los cereales de desayuno y las galletitas dulces, donde las ventas registraron bajas de entre el 5% y el 12% en el primer año de vigencia plena.
El debate parlamentario y la resistencia opositora
El ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación anticipa un escenario de fuerte polarización legislativa. Los bloques que componen la oposición parlamentaria adelantaron un rechazo cerrado a la iniciativa gubernamental, al considerar que la derogación representa un retroceso en materia de salud pública y derechos de los consumidores.
La vigencia de la norma está respaldada por una red de organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales de salud que defienden su efectividad en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y la diabetes. Argentina lidera las estadísticas de sobrepeso infantil en la región, con un índice que supera el 40% en menores de 14 años.
Los legisladores oficialistas de La Libertad Avanza confían en cosechar el apoyo de sectores aliados vinculados a las provincias productoras de azúcar y economías regionales, que sufrieron restricciones publicitarias y de comercialización por la aplicación de la normativa nutricional. Los próximos días serán determinantes para definir qué comisión tratará el proyecto en el Congreso.
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