El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de ley para crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, que ingresó formalmente al Parlamento durante el último fin de semana, contempla un articulado de 115 puntos diseñado para otorgar un marco de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años a proyectos que superen un piso mínimo de inversión comprometida.
La normativa busca captar capitales de gran escala en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología e infraestructura. Según explicaron fuentes oficiales, la intención del oficialismo es iniciar el debate en comisiones de manera inmediata para emitir dictamen y llevar el texto al recinto antes de la finalización del período legislativo en curso. El texto final comenzó a ser analizado por los equipos técnicos de los distintos bloques de la oposición dialoguista para evaluar posibles modificaciones.
Los beneficios fiscales y aduaneros para los inversores
El núcleo central del proyecto radica en el menú de incentivos económicos que se otorgan a las empresas que decidan radicarse bajo este régimen. El texto del articulado dispone que la alícuota general del Impuesto a las Ganancias se reducirá al 15% para los vehículos de inversión adheridos, un porcentaje sensiblemente menor al esquema escalonado vigente para el resto de las sociedades comerciales que opera en el país.
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| Beneficio Fiscal | Alcance del Régimen (RIGI) |
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| Impuesto a las Ganancias | Alícuota reducida fija del 15% |
| Derechos de Importación | Exención total para bienes de uso |
| Derechos de Exportación | Exención total a partir del año 3 |
| Estabilidad Jurídica | Plazo garantizado por 30 años |
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En materia aduanera, las compañías beneficiarias gozarán de una exención total para el pago de derechos de importación de bienes de capital, repuestos y componentes necesarios para la ejecución de las obras. Asimismo, el proyecto establece que no abonarán retenciones a la exportación a partir del tercer año de su incorporación al régimen, una medida que apunta directamente a mejorar la competitividad de los saldos exportables de sectores primarios e industriales.
Los beneficios otorgados por el régimen general no podrán ser afectados por nuevas cargas tributarias o incrementos de tasas a nivel nacional, provincial o municipal.
Prerrogativas cambiarías y resolución de conflictos fuera del país
Otro de los aspectos clave del proyecto de ley gira en torno al acceso libre al mercado de cambios y la disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones. Las empresas que formen parte del RIGI quedarán exceptuadas de la obligación de liquidar los dólares en el Banco Central de manera progresiva, permitiendo que un porcentaje mayoritario de los ingresos permanezca en cuentas del exterior para el pago de utilidades y deudas financieras.
El artículo que mayor debate técnico generará entre los legisladores de la oposición es el relativo a la prórroga de jurisdicción. El texto redactado por el Ejecutivo habilita expresamente que cualquier disputa jurídica o técnica de interpretación que surja entre los inversores y el Estado nacional pueda ser dirimida en tribunales internacionales o mediante mecanismos de arbitraje fuera de las fronteras de la República Argentina, prescindiendo de los jueces federales locales.
La redacción oficial del proyecto estipula que las controversias se resolverán mediante paneles directos basados en los tratados bilaterales de inversión vigentes. Esto significa que las corporaciones internacionales no requerirán el agotamiento de las instancias administrativas o judiciales internas del país para demandar un incumplimiento de las condiciones otorgadas por la Ley de Incentivo.
El impacto económico y los antecedentes parlamentarios de la medida
La presentación de este marco regulatorio se produce en un escenario de necesidad de divisas y contracción de la actividad económica interna. Desde el Ministerio de Economía argumentan que la puesta en marcha de estos incentivos es la única herramienta disponible para viabilizar obras de infraestructura que demandan desembolsos superiores a los 200 millones de dólares por proyecto, los cuales no encuentran financiamiento bajo las condiciones de riesgo país actuales.
El antecedente inmediato de este debate se remonta a las discusiones legislativas de paquetes normativos previos, donde la creación de un régimen similar fue resistida por sectores industriales locales que alegan una supuesta competencia desleal. Las pymes nacionales advierten que la exención de aranceles de importación para bienes de uso terminados podría perjudicar a la cadena de proveedores locales frente a la adquisición de insumos importados a menor costo fiscal.
El oficialismo ya inició los contactos políticos con gobernadores de provincias mineras y petroleras para sumar apoyo al proyecto, entendiendo que el desarrollo de los yacimientos depende de la sanción de este marco normativo. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Diputados serán las encargadas de abrir las audiencias públicas donde expondrán funcionarios del Gobierno y representantes de las cámaras empresarias.
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