Un informe internacional advierte que el sistema impositivo regional es regresivo y no cubre la infraestructura ni el capital humano que explotan las corporaciones, por lo que plantea un impuesto mínimo a los sectores de mayores patrimonios.
El debate sobre la equidad fiscal en América Latina sumó un capítulo crítico tras la difusión de un estudio del Observatorio Fiscal Internacional (ITO, por sus siglas en inglés). El documento, elaborado a solicitud de la Presidencia de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, expone las profundas grietas de un sistema de recaudación que califica como "injusto" y estructuralmente regresivo. La investigación enciende las alarmas al demostrar cómo la matriz impositiva actual es incapaz de sostener de forma equitativa los servicios básicos esenciales y la infraestructura clave que utilizan las propias empresas privadas para generar sus ganancias.
De acuerdo con el informe, las estructuras tributarias de los países analizados cargan el mayor peso financiero sobre las clases bajas y medias, mientras que los sectores de mayores recursos logran eludir o reducir su impacto mediante mecanismos de planificación fiscal. Ante este diagnóstico, los especialistas internacionales lanzaron una propuesta concreta: implementar un Impuesto Mínimo Efectivo sobre la Riqueza con una tasa del 2% orientada exclusivamente a los patrimonios más altos de la región.
La paradoja de los servicios públicos y el subsidio corporativo
El núcleo del documento técnico del ITO cuestiona el destino y la sostenibilidad del gasto público, señalando un desequilibrio estructural. Los sistemas fiscales de la región deberían garantizar no solo los servicios de primera necesidad como la seguridad, la salud y las redes de cloacas, sino también el mantenimiento de rutas, autopistas y puertos, sumado a la formación del capital humano a través de la educación pública.
El informe resalta que estos dos últimos componentes —la infraestructura física y los trabajadores calificados— constituyen factores de producción esenciales que las corporaciones explotan diariamente para sus operaciones logísticas y comerciales. Sin embargo, el esquema actual de financiamiento genera una suerte de subsidio indirecto, donde la inversión pública que permite el funcionamiento corporativo se sostiene de manera desproporcionada con el aporte de los ciudadanos de menores ingresos.
Un sistema regresivo donde los más pobres pagan más
Los datos estadísticos recopilados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay confirman una tendencia alarmante respecto a la progresividad del sistema. La investigación revela que el 50% más pobre de la población destina, en promedio, cerca del 30% de sus ingresos totales al pago de impuestos directos e indirectos.
Esta brecha se explica a partir de la facilidad con la que las grandes fortunas logran diversificar sus activos. Al estructurar su patrimonio mediante sociedades holding, fideicomisos o instrumentos financieros extranjeros, consiguen que sus bienes generen poca o nula renta gravable bajo las normativas locales vigentes. De este modo, la falta de un gravamen coordinado sobre el patrimonio neto anula el efecto redistributivo que teóricamente debería tener la política fiscal de los Estados.
El impacto económico de la tasa mínima del 2%
La aplicación del Impuesto Mínimo Efectivo sobre la Riqueza del 2% está diseñada para corregir esta distorsión sin afectar la inversión productiva de la región. Los investigadores calcularon que la implementación coordinada de esta herramienta en las economías analizadas generaría una recaudación fiscal adicional de 24.000 millones de dólares anuales.
"Este monto representa aproximadamente el 3% de los ingresos fiscales totales de estos países y equivale al 0,6% de su Producto Bruto Interno combinado", detalla el estudio técnico del Observatorio.
Antecedentes de una brecha social en expansión
La disparidad en la recaudación se da en un contexto de acelerada concentración económica dentro del territorio latinoamericano, consolidando a la región como la segunda más desigual del planeta. Los registros históricos del ITO y de los reportes internacionales de riqueza muestran que, mientras el patrimonio total de los milmillonarios de la región saltó de 117.000 millones de dólares en el año 2000 a un estimado de 700.000 millones de dólares para el año 2026, los recursos del 50% más rezagado de la sociedad permanecieron estancados.
El antecedente inmediato de esta discusión se encuentra en la agenda del G20, donde la posibilidad de coordinar un piso mínimo global a los patrimonios ultramillonarios comenzó a ganar terreno político. La propuesta regional busca adaptar ese consenso global a las urgencias locales, argumentando que la sostenibilidad democrática y el crecimiento económico a largo plazo dependen de un nuevo pacto fiscal donde las corporaciones y los grandes patrimonios compensen de forma justa los recursos públicos que consumen.
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