La presidenta de México acusó a la administración argentina de aportar fondos para una campaña de desinformación regional.
La tensión diplomática entre México y Argentina escaló a niveles críticos tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La acusación no solo apunta a Buenos Aires, sino que describe una logística que involucra a Estados Unidos y Honduras, encendiendo las alarmas sobre la interferencia externa en la política interna mexicana.
El origen de los fondos y la conexión argentina
De acuerdo con la información revelada, el presidente argentino Javier Milei habría aportado una cifra cercana a los 350.000 dólares para la puesta en marcha de esta red.
"No es algo casual ni orgánico; es una articulación de noticias falsas promovida a la décima potencia", afirmó Sheinbaum ante la prensa. La investigación sugiere que el flujo de capitales se utilizó para contratar granjas de bots y servicios de posicionamiento digital que replican narrativas negativas sobre la seguridad y la economía en México y Colombia.
Esta denuncia se suma a una serie de cruces ideológicos que ambos mandatarios mantienen desde la asunción de Milei, marcando una ruptura profunda en la tradicional doctrina de no intervención que suele caracterizar a la Cancillería mexicana.
Un operador condenado detrás de la logística regional
El dato más inquietante de la denuncia radica en quién ejecuta las operaciones. La inteligencia mexicana vincula la coordinación de esta red con un ciudadano argentino condenado por narcotráfico, quien operaría desde una base logística en Honduras. Este personaje sería el encargado de distribuir los recursos y las líneas editoriales a través de canales digitales opacos.
"Pueden montar una oficina contra nuestro gobierno con recursos de un pueblo amigo a través de su gobierno, pero no van a hacer mella", sentenció la presidenta. La mención de un "pueblo amigo" hace referencia directa a la población argentina, diferenciando la voluntad de los ciudadanos de las acciones de su Poder Ejecutivo.
La trama operativa, según fuentes oficiales, buscaba instalar el concepto de que "en México está ocurriendo algo terrible", utilizando audios filtrados y noticias fabricadas para erosionar la imagen presidencial en el marco de la soberanía nacional.
Impacto en el eje México, Bogotá y Buenos Aires
La campaña no solo tendría como blanco a Sheinbaum, sino también al presidente colombiano Gustavo Petro. Ambos mandatarios han sido los principales críticos del modelo libertario argentino en la región, lo que explicaría la supuesta financiación de campañas destinadas a golpear sus índices de aprobación.
"A ellos no les gusta el humanismo mexicano; prefieren el racismo y el clasismo de la época colonial", disparó la mandataria, elevando el tono de la confrontación ideológica. Para el gobierno mexicano, estas acciones representan un intento de "exportar" el conflicto político argentino hacia el resto del continente mediante métodos de guerra híbrida.
En el contexto económico, esta disputa se da en un momento en que México busca consolidar su liderazgo comercial en la región, mientras que Argentina atraviesa un proceso de ajuste severo. La Casa Rosada, hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial desmintiendo el aporte de los 350.000 dólares mencionados por los reportes de medios como La Jornada.
El rol de los Estados Unidos y la presión externa
La mención de Estados Unidos en esta red no es menor. La denuncia ocurre en la misma semana en que Washington incrementó la presión sobre el gobierno de Sheinbaum por el control de precursores químicos y el narcotráfico.
"Es una mentira tras otra. Si no existiera 'la mañanera', no podríamos explicar de dónde viene todo esto", insistió Sheinbaum. El gobierno mexicano sostiene que estas campañas buscan debilitar la posición del país en futuras negociaciones bilaterales con la administración estadounidense, especialmente en temas migratorios y de seguridad fronteriza.
La presidenta cerró su intervención reafirmando que su gestión se mantendrá cerca del pueblo para neutralizar el impacto de la desinformación. Sin embargo, el caso abre un precedente peligroso sobre cómo los presupuestos estatales de un país podrían estar siendo utilizados para influir en los procesos democráticos de otro.
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