El Gobierno nacional mantiene retenidos fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) desde diciembre de 2023, lo que afecta gravemente la infraestructura y el transporte público en Rosario.
La administración central ha profundizado el ajuste fiscal sobre las provincias y municipios, dejando a Rosario en una situación de asfixia financiera respecto a recursos que le pertenecen por ley. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo que cada rosarino paga al cargar nafta o gasoil, ha dejado de retornar a la ciudad en las proporciones históricas, acumulando un rojo que ya supera los $261 mil millones.
Este monto no es solo una cifra abstracta en una planilla de Excel; representa la parálisis de obras clave y el encarecimiento sostenido de servicios básicos. Según proyecciones basadas en la recaudación oficial y los niveles de consumo locales, la deuda acumulada desde diciembre de 2023 equivale a presupuestos enteros que podrían haber transformado la realidad urbana de la ciudad en los últimos meses.
El impacto en el transporte y la infraestructura vial
La consecuencia más directa y visible de la retención de estos fondos se observa en el sistema de transporte urbano de pasajeros. Desde la eliminación de los subsidios nacionales, el precio del boleto en Rosario ha sufrido incrementos constantes para intentar equilibrar el desfasaje financiero de las empresas prestadoras. Los $261 mil millones adeudados alcanzarían para subsidiar la totalidad del sistema de colectivos durante tres años consecutivos, eliminando la necesidad de actualizaciones tarifarias de emergencia.
Además del transporte, la infraestructura vial es el otro gran sector afectado. La ciudad arrastra un déficit histórico en el mantenimiento de calles que la actual gestión intenta mitigar con recursos propios, cada vez más escasos. Los cálculos técnicos indican que con el dinero que Nación retiene se podrían asfaltar 5.000 cuadras, cubriendo prácticamente la totalidad de los barrios que hoy cuentan con calles de tierra o pavimentos deteriorados.
La lógica del ICL fue siempre la de un impuesto con asignación específica: quien utiliza la red vial y consume combustible contribuye a un fondo destinado a mantener esos mismos servicios e infraestructura. Al romperse el flujo de retorno, el contribuyente rosarino termina financiando el superávit nacional sin recibir las contraprestaciones correspondientes en su jurisdicción.
Obras hídricas y servicios básicos en espera
La deuda también golpea proyectos de saneamiento y calidad de vida. En Rosario, la expansión de la red de cloacas es una de las deudas sociales más urgentes. Se estima que, con la partida presupuestaria que hoy permanece trabada en las arcas del Tesoro Nacional, se podrían conectar 54 mil hogares a la red de cloacas, beneficiando a sectores periféricos que hoy dependen de pozos ciegos y sistemas precarios.
La parálisis de la obra pública nacional ha dejado también en suspenso proyectos de urbanización en barrios populares. La falta de estos giros impide que el municipio pueda proyectar con previsibilidad el cronograma de intervenciones hídricas, fundamentales para evitar anegamientos en zonas críticas de la ciudad ante el cambio en los patrones de lluvias.
"Cada litro de nafta que se carga en una estación de servicio de Rosario contiene un aporte que hoy no está volviendo a la ciudad", sostienen desde el ámbito legislativo local. El reclamo se enmarca en una disputa mayor que mantienen los gobernadores e intendentes del interior del país, quienes denuncian una visión centralista en la gestión de los recursos públicos.
El trasfondo político de la retención de fondos
El conflicto escaló desde la llegada de la gestión de Javier Milei, bajo la premisa de "emisión cero" y equilibrio fiscal estricto. Si bien el ajuste ha permitido estabilizar ciertas variables macroeconómicas a nivel nacional, el costo lo están pagando las administraciones locales. Rosario, como polo logístico y de consumo masivo, es una de las ciudades que más aporta a la recaudación nacional por combustibles y, proporcionalmente, una de las más castigadas por la interrupción de las transferencias.
La situación plantea un dilema para la administración municipal, que debe decidir entre aumentar la presión impositiva local para compensar la falta de fondos nacionales o continuar postergando obras estructurales. Hasta el momento, el reclamo se ha canalizado por vías institucionales y pedidos de informe, pero la cifra de $261 mil millones empieza a generar una tensión política que podría derivar en presentaciones judiciales.
Mientras el debate por la coparticipación y los fondos específicos continúa en los despachos oficiales, los rosarinos enfrentan un sistema de transporte al límite y una ciudad que ve cómo sus proyectos de modernización quedan guardados en un cajón por falta de financiamiento genuino. La resolución de este conflicto financiero determinará, en gran medida, el ritmo de crecimiento de Rosario para el segundo semestre de 2026.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.