El fiscal José Luis Caterina solicitó una condena de 12 años de cárcel para Daniel Acosta, ex titular de la Unidad Regional II, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a la sobrefacturación de combustible para patrulleros.
La investigación judicial sobre la cúpula de la Policía de Rosario alcanzó este jueves un punto de inflexión. Tras dos años de recolección de pruebas, la fiscalía formalizó la acusación contra el exjefe Daniel Acosta y otros 20 implicados, entre uniformados y civiles. La maniobra, que consistía en simular cargas de nafta en unidades fuera de servicio, representa uno de los escándalos de corrupción institucional más profundos de los últimos años en la provincia de Santa Fe.
El escrito acusatorio, que supera las 300 páginas, detalla cómo se orquestó un sistema de retornos económicos mediante el desvío de fondos públicos destinados a la operatividad de los móviles policiales. Para el fiscal José Luis Caterina, el esquema no fue una irregularidad aislada, sino una estructura jerárquica montada dentro de la Jefatura para lucrar con recursos estatales.
El mecanismo del fraude en la Jefatura
La pesquisa penal se originó en julio de 2024 a partir de una denuncia anónima enviada por correo postal. El texto era preciso: señalaba que patrulleros que permanecían detenidos por fallas mecánicas registraban cargas diarias de tanque lleno. A partir de allí, la justicia comenzó a cruzar los datos de las tarjetas de carga, los posicionamientos de GPS de los móviles y los registros de las estaciones de servicio involucradas.
El fiscal Caterina sostiene que la organización operaba bajo una lógica empresarial. Mientras la flota policial sufría un deterioro visible en las calles de Rosario, los registros internos mostraban un consumo de combustible propio de una fuerza en plena actividad. La acusación apunta a que el dinero excedente de estas operaciones volvía a manos de los cabecillas de la organización en forma de "retornos" mensuales.
En la escala de responsabilidades, el exjefe Daniel Acosta aparece como el jefe de la asociación ilícita. Sin embargo, el pedido de pena más alto recayó sobre su secretario privado, Rodrigo Domínguez. Para él, el fiscal solicitó 14 años de prisión, al considerarlo el organizador y nexo ejecutor de la logística necesaria para el fraude.
Penas solicitadas y delitos imputados
El requerimiento fiscal no solo alcanza a la cúpula, sino que se extiende a una red de complicidades necesaria para sostener el engaño en el tiempo. Entre los 21 acusados se encuentran 19 agentes policiales y dos civiles, estos últimos vinculados a los puntos de expendio de combustible donde se validaban las transacciones irregulares.
Los delitos imputados conforman un catálogo de corrupción pública: asociación ilícita, cohecho, peculado de caudales públicos y defraudación. Para el resto de los implicados, las penas solicitadas oscilan entre los 3 años y 4 meses hasta los 8 años de prisión, dependiendo del grado de participación y jerarquía dentro del escalafón policial.
"Tienen varios patrulleros fuera de servicio y les cargan combustible todos los días a tanque lleno", rezaba la denuncia que dio inicio al caso. Esta frase resume la impunidad con la que operaba el grupo, confiado en que el control administrativo interno de la fuerza no detectaría las inconsistencias entre el gasto reportado y la realidad operativa de los vehículos.
El impacto en la seguridad pública
La presentación de la acusación implica la prórroga automática de la prisión preventiva para ocho de los detenidos, quienes esperarán el inicio del juicio oral bajo custodia. Este proceso judicial no solo busca castigar el desvío de dinero, sino que pone de manifiesto la crisis de control sobre los recursos destinados a la seguridad en una ciudad golpeada por la violencia y el narcotráfico.
El fraude millonario tiene un correlato directo en la prevención del delito. Según estimaciones de la fiscalía, el dinero desviado habría permitido mantener operativas decenas de unidades que, durante meses, estuvieron paradas por falta de mantenimiento básico. El impacto social es doble: el perjuicio económico al erario público y la desprotección de los ciudadanos por la falta de presencia policial efectiva.
Con la etapa de instrucción finalizada, la justicia deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar. Se espera que el juicio sea uno de los más extensos y técnicos de los próximos meses, dada la cantidad de pericias contables y tecnológicas que forman parte del cuerpo probatorio. El caso Acosta marca un precedente sobre la responsabilidad de los altos mandos en la gestión de los bienes del Estado.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.