Un informe federal del Observatorio de Género desmiente la existencia de una "ola" de denuncias inexistentes y advierte que el problema central es el subregistro de la violencia real.
El debate sobre la veracidad de las acusaciones en el sistema judicial argentino sumó un capítulo determinante tras la publicación de un relevamiento oficial que arroja cifras drásticas. Según los datos procesados por el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, las denominadas "falsas denuncias" alcanzan apenas el 0,09% del total de las causas penales en el país. El informe, que surge en pleno tratamiento legislativo de proyectos para endurecer penas por este concepto, pone bajo la lupa la narrativa política y mediática que sostiene un crecimiento exponencial de estos casos.
Radiografía de los datos judiciales en el país
El estudio se basó en un análisis exhaustivo de más de 8,2 millones de expedientes judiciales tramitados entre los años 2023 y 2025. La muestra abarcó 17 jurisdicciones de la Argentina, lo que otorga al relevamiento un carácter federal y una base estadística sólida para confrontar las percepciones sociales con la realidad de los tribunales. Los resultados indican que la incidencia de denuncias falsas es marginal dentro del volumen total de litigiosidad.
Lejos de los discursos que plantean una crisis de legitimidad en las denuncias, especialmente aquellas vinculadas a la integridad sexual o la violencia intrafamiliar, el reporte técnico señala que la estructura judicial no registra ese fenómeno con la magnitud denunciada por sectores políticos. Por el contrario, los fiscales advierten que el foco de preocupación debería estar puesto en las barreras que impiden que los hechos reales lleguen a la justicia.
El debate legislativo y el proyecto de Carolina Losada
La difusión de estos datos oficiales coincide con la discusión en el Senado de la Nación de un proyecto de ley impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada. La iniciativa propone modificar el Código Penal para establecer penas más severas contra quienes realicen denuncias falsas. El proyecto contempla agravantes específicos cuando las acusaciones involucren delitos contra la integridad sexual, violencia de género o afecten a menores de edad.
La propuesta de Losada ha generado una fuerte división de aguas. Mientras un sector sostiene que es necesario proteger a los inocentes de las consecuencias sociales y procesales de una denuncia infundada, el informe del Observatorio de Género sugiere que legislar bajo la premisa de una "ola" de falsedades carece de sustento fáctico. La tensión entre la agenda legislativa y los números del Poder Judicial plantea un interrogante sobre la base de datos que se utiliza para la creación de políticas públicas en materia penal.
Violencia de género: el problema del subregistro
Uno de los puntos más críticos que destaca el documento de los Ministerios Públicos Fiscales es la brecha entre los hechos de violencia y las denuncias efectivamente radicadas. Para los especialistas, el concepto de "falsa denuncia" funciona en ocasiones como un elemento disuasorio que profundiza el subregistro de casos de violencia de género.
"El problema central no es la proliferación de falsas denuncias sino el subregistro de hechos reales de violencia", destaca el informe en sus conclusiones. Esta afirmación se apoya en la observación de que muchas víctimas desisten de la acción penal o directamente no la inician por temor a represalias, falta de recursos o desconfianza en la respuesta estatal. En este contexto, la sobrerrepresentación del debate sobre la falsedad podría, según los expertos, desviar los recursos y la atención de la protección de las víctimas reales.
Antecedentes y contexto del fenómeno
La discusión no es nueva, pero ha cobrado un renovado impulso en los últimos meses debido a su presencia en redes sociales y discursos de altos funcionarios. Históricamente, el porcentaje de denuncias que se prueban como falsas (es decir, donde se demuestra la inexistencia del hecho o la autoría inventada) se ha mantenido en niveles ínfimos en comparación con las desestimaciones por falta de pruebas o archivo por otras causales.
El impacto de una denuncia falsa es reconocido por el sistema jurídico como un daño grave a la administración de justicia y al honor de las personas. Sin embargo, el Observatorio subraya la necesidad de distinguir entre una denuncia que no llega a condena por deficiencias probatorias y una denuncia deliberadamente falsa. La confusión entre ambos conceptos es lo que, según el organismo, suele inflar las estadísticas en el imaginario colectivo.
Consecuencias de la narrativa de la "ola" de casos
La brecha entre el 0,09% oficial y la percepción de un fenómeno masivo genera consecuencias directas en el acceso a la justicia. Los operadores judiciales advierten que la instalación de esta sospecha generalizada sobre las denunciantes puede derivar en una "revictimización" durante el proceso penal.
"Texto textual relevante": "El sistema judicial debe ser capaz de filtrar lo falso, pero no puede funcionar bajo la sospecha sistemática de quien busca protección", indican fuentes vinculadas al Observatorio. El desafío del Estado argentino para los próximos años, según se desprende de este relevamiento, será equilibrar la celeridad judicial con la protección de las garantías, sin perder de vista que los números actuales sitúan a la mentira procesal como una excepción absoluta y no como una regla del sistema.
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