El Gobierno provincial endurece las requisas en las unidades penitenciarias tras desbaratar un plan de fuga en la cárcel de Piñero. La administración de Maximiliano Pullaro busca capitalizar la baja de la violencia y marcar un fuerte contraste político con el peronismo.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe ratificó su política de "mano dura" dentro de los penales provinciales tras el hallazgo de un principio de socavón en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El descubrimiento, realizado en un patio externo de un pabellón de alto perfil, fue utilizado por el Ejecutivo para exhibir el control exhaustivo sobre los internos y, simultáneamente, para profundizar la confrontación política con la gestión del exgobernador Omar Perotti.
La vocera gubernamental, Virginia Coudannes, fue la encargada de dar volumen político al operativo. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria detalló que el pozo de 70 centímetros fue detectado gracias a la "regularidad de los controles" y el uso de tecnología de escaneo. El mensaje oficial es directo: el Estado retomó el mando de las cárceles, un territorio que, según denuncian, fue cedido a las organizaciones criminales durante el mandato anterior.
El fin del "home office" para los delincuentes
La estrategia comunicativa de la Casa Gris apunta a consolidar un modelo de gestión penitenciaria que impida a los líderes narcos y sicarios coordinar delitos desde sus celdas. "Con Pullaro, los presos no tienen más home office", disparó Coudannes, en clara referencia a la libertad de acción que, según el oficialismo, poseían los internos hasta diciembre de 2023.
Esta política de endurecimiento incluye el traslado inminente de los detenidos más peligrosos a un nuevo sector de máxima seguridad denominado "El Infierno". Esta infraestructura está diseñada específicamente para reducir al mínimo el contacto humano y tecnológico de los reclusos vinculados a bandas criminales, buscando cortar de raíz el flujo de órdenes que emanan desde los pabellones hacia las calles de Rosario y Santa Fe.
Contraste estadístico y críticas al peronismo
El gobierno santafesino no solo se apoya en el control físico de las cárceles, sino también en los indicadores de violencia pública. Según datos oficiales, el primer cuatrimestre del año cerró con 46 homicidios, una cifra sensiblemente menor a los 156 registrados en el mismo período del último año de la gestión anterior. Esta baja del 70% en la tasa de criminalidad es la principal bandera que enarbola Pullaro de cara a la opinión pública.
Desde el Ejecutivo aprovecharon la ocasión para responder a críticas históricas, incluso mencionando a exfuncionarios nacionales. Coudannes recordó la frase del exministro Aníbal Fernández sobre el triunfo del narcotráfico: "Estos números le responden a quienes dijeron que los narcos habían ganado la batalla". La postura oficial sugiere que la baja de crímenes es una consecuencia directa del control carcelario y el despliegue policial preventivo.
Antecedentes de crisis en el sistema penitenciario
Para comprender la relevancia que el gobierno actual otorga al hallazgo del boquete en Piñero, es necesario revisar las graves fallas de seguridad ocurridas entre 2019 y 2023. La gestión de Perotti quedó marcada por dos episodios que expusieron la vulnerabilidad del sistema:
Fugas insólitas: En mayo de 2021, dos presos lograron escapar de Piñero ocultos en cajas de bananas, transportadas en carros por sus propias parejas durante el horario de visitas, sin ser detectados por la guardia.
Ataque comando: En junio de ese mismo año, un grupo externo atacó la misma cárcel con ametralladoras, cortando el alambrado perimetral para facilitar la huida de ocho internos, en un hecho que demostró el poder de fuego de las bandas locales.
El horizonte político hacia 2027
La visibilización de estos operativos no es azarosa. El oficialismo santafesino comenzó a trazar un camino de capitalización política con la mirada puesta en las próximas elecciones. La seguridad, principal demanda de la ciudadanía rosarina, se convirtió en el eje central de la identidad del gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe.
El plan de infraestructura carcelaria y la implementación de leyes de emergencia en seguridad son presentados como un "método" de rendición de cuentas. Mientras se terminan de consolidar las obras en los penales, el gobierno provincial apuesta a mantener la presión sobre el sistema penitenciario como garantía de la paz social en el territorio, marcando una frontera ideológica y operativa con lo que definen como "el abandono del pasado".
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