La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) advirtió ante la Justicia federal que el ajuste financiero implementado por el Poder Ejecutivo compromete su funcionamiento operativo y la búsqueda de nietos desaparecidos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el organismo sufrió una caída del 57% en su capacidad de gasto en términos reales, lo que impacta directamente en las pericias y el relevamiento de archivos estatales.
El impacto del ajuste en la búsqueda de identidad
La situación financiera de la Conadi alcanzó un punto crítico que ya fue notificado a los tribunales que tramitan causas por la apropiación de menores durante la última dictadura militar. Según los informes técnicos presentados, el recorte del 57% en términos reales —ajustado por inflación— ha paralizado la contratación de personal especializado y la renovación de convenios fundamentales para el cruce de datos biométricos y documentales.
Este organismo, creado en 1992 bajo el impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, cumple un rol auxiliar clave para el Poder Judicial. Su función principal es la investigación técnica y documental necesaria para identificar a hijos de desaparecidos que fueron apropiados. La falta de recursos no solo ralentiza los expedientes en curso, sino que detiene las investigaciones preliminares que permiten llegar a nuevas restituciones de identidad.
La crisis presupuestaria se traduce en una reducción drástica de las unidades móviles de atención y en la demora de los análisis de ADN realizados en conjunto con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Fuentes internas del sector señalan que la operatividad técnica se encuentra en su nivel más bajo de las últimas dos décadas, afectando el derecho a la identidad de cientos de personas que aún desconocen su origen.
El trasfondo político y la tensión con el Poder Ejecutivo
El ahogo financiero a la Conadi se produce en un contexto de cambio de paradigma en la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional. Funcionarios de la actual administración han cuestionado públicamente la estructura de los organismos destinados a la memoria y la identidad, argumentando la necesidad de auditar los gastos y optimizar los recursos del Estado bajo la premisa de "déficit cero".
Sin embargo, desde los organismos de Derechos Humanos denuncian que detrás de la justificación económica existe una decisión política de desmantelar las herramientas de búsqueda. La actual gestión ha mantenido un discurso crítico hacia la cifra de desaparecidos y ha promovido una visión que sectores judiciales califican de "negacionista". Esta postura tiene un correlato directo en la gestión administrativa: la falta de firmas para autorizar partidas presupuestarias mínimas y la no renovación de contratos de investigadores con años de experiencia.
La advertencia elevada a la Justicia federal subraya que la inacción del Estado en esta materia podría constituir una violación a tratados internacionales con jerarquía constitucional. La Argentina tiene el compromiso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de garantizar la búsqueda de los niños robados, una obligación que no puede ser suspendida por razones de emergencia económica.
Consecuencias procesales en las causas de lesa humanidad
La parálisis de la Conadi genera un efecto dominó en los juicios que se llevan adelante en diferentes jurisdicciones del país. Sin los informes de este organismo, los jueces y fiscales se ven privados de pruebas documentales que son esenciales para las acusaciones. El relevamiento de libros de partos en hospitales militares y la digitalización de archivos de las fuerzas de seguridad son tareas que hoy están virtualmente detenidas.
"La Conadi no es solo un ente administrativo, es el brazo ejecutor de la prueba de identidad", explican especialistas en derecho constitucional. Al desfinanciar esta estructura, se produce una "impunidad biológica", ya que el paso del tiempo juega en contra de la posibilidad de encontrar con vida a las víctimas y de juzgar a los responsables de las apropiaciones antes de que fallezcan por causas naturales.
El impacto social es igualmente profundo. Cada año que el organismo pierde capacidad de respuesta, disminuye la cantidad de jóvenes que se acercan a consultar ante dudas sobre su identidad. La visibilidad de la búsqueda es un factor psicológico determinante para quienes sospechan de su origen, y el retiro del Estado del espacio público envía un mensaje de desprotección a las víctimas.
Desafíos para la continuidad de las políticas de memoria
El escenario actual plantea un interrogante sobre el futuro de la política de identidad en Argentina. Si bien el Banco Nacional de Datos Genéticos continúa operando, su labor depende intrínsecamente del trabajo de campo e investigativo que realiza la Conadi. La desarticulación de una de estas piezas vuelve ineficiente a la otra, generando un gasto que no produce resultados concretos por falta de coordinación.
La respuesta de la Justicia federal ante esta alerta será determinante. Se espera que en las próximas semanas se produzcan requerimientos directos al Ministerio de Justicia para que garantice las partidas necesarias que aseguren la continuidad de las causas. Mientras tanto, la brecha presupuestaria sigue ensanchándose, dejando a la búsqueda de los nietos desaparecidos en un limbo administrativo sin precedentes desde el retorno de la democracia.
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