Dos agentes de la Policía de Santa Fe fueron arrestados en la comisaría 15ª de Rosario, acusados de exigirle dinero a una mujer que había estado demorada para beneficiarla en una causa judicial.
La connivencia policial y los hechos de corrupción institucional volvieron a sacudir a la fuerza de seguridad en Rosario. Dos suboficiales que prestaban servicios en la seccional 15ª, ubicada en la zona sur de la ciudad, fueron privados de su libertad tras comprobarse que le exigieron un pago ilegal a una ciudadana a cambio de limpiar su situación legal.
El procedimiento que derivó en las capturas fue el resultado de una investigación coordinada entre el Ministerio Público de la Acusación y el personal de control policial. La maniobra delictiva se desarticuló dentro del propio edificio policial mediante un operativo de entrega controlada, un mecanismo judicial que permitió atrapar a los uniformados con la evidencia en sus manos.
El modus operandi de los sumariantes en barrio Tablada
Los involucrados fueron identificados por sus iniciales como S. C., de 35 años, y S. B., de 42 años. Ambos prestaban funciones específicas en el área de sumarios de la seccional ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Ameghino, un punto neurálgico del barrio Tablada. Esta condición de sumariantes les otorgaba acceso directo a la confección de las actas y al manejo de las actuaciones que luego se remiten a las fiscalías correspondientes.
La reconstrucción del hecho determinó que la víctima había sido arrestada días atrás en el marco de un procedimiento de rutina. Tras recuperar su libertad el pasado jueves 14 de mayo, los agentes se contactaron con ella para presionarla. Bajo la amenaza de generarle complicaciones procesales futuras, le solicitaron una suma determinada de dinero en efectivo bajo la promesa de aportarle beneficios en el expediente que la involucraba.
Investigación judicial y el operativo de entrega controlada
Ante la presión ejercida por los efectivos policiales, la mujer optó por radicar la denuncia correspondiente. La causa quedó radicada en la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, bajo la dirección de la fiscal Karina Bartocci. La funcionaria judicial ordenó de inmediato la intervención de la división de Asuntos Internos para recabar las pruebas necesarias sin alertar a los sospechosos.
"Para que no tenga complicaciones y beneficiarla en la causa en curso", explicaron desde la Fiscalía al referirse al argumento extorsivo utilizado por los policías detenidos.
El desenlace de la investigación ocurrió durante la jornada del sábado. Con la supervisión del personal judicial, se coordinó un encuentro de entrega controlada, donde la víctima asistió a la comisaría 15ª para hacer efectivo el pago exigido utilizando billetes previamente marcados y registrados por los investigadores.
Allanamiento en la seccional y secuestro de pruebas
Una vez que el dinero cambió de manos dentro de las oficinas de la seccional, los efectivos de Asuntos Internos irrumpieron en el edificio policial de barrio Tablada. El operativo tomó por sorpresa a los agentes investigados, quienes no tuvieron margen para ocultar los elementos del delito. Durante la requisa de las instalaciones, el personal policial incautó los valores entregados por la denunciante y documentación de relevancia para el caso.
Los dos policías sumariantes quedaron inmediatamente detenidos y fueron trasladados a una unidad de detención independiente, a la espera de la audiencia imputativa. En los próximos días, la fiscal Bartocci formalizará los cargos por los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público, solicitando además la prisión preventiva de ambos uniformados debido a la gravedad institucional del hecho.
Antecedentes de corrupción institucional y el impacto social
Este episodio se suma a una serie de irregularidades que vienen afectando la confianza pública en las fuerzas de seguridad de la región. El barrio Tablada, donde funciona la comisaría 15ª, es una de las zonas de Rosario con mayor índice de conflictividad urbana y presencia de delitos vinculados a economías delictivas, lo que eleva la sensibilidad social ante casos donde los propios encargados de mantener el orden público participan de maniobras ilegales.
La utilización de las estructuras del Estado y de las dependencias oficiales para la comisión de delitos de extorsión representa un agravante que las autoridades ministeriales buscan combatir mediante auditorías internas. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial señalaron que se iniciaron de forma paralela los sumarios administrativos correspondientes para tramitar la inmediata disponibilidad y el posterior pase a retiro obligatorio de los dos agentes implicados.
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