La Cámara de Diputados de Santa Fe analiza el proyecto con media sanción que busca erradicar la actividad de cuidacoches, mientras legisladores y municipios alertan sobre fallas en su aplicación operativa.
El debate sobre la prohibición de la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe ha ingresado en una etapa de definiciones críticas en la Cámara de Diputados. Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto de ley que busca erradicar la presencia de "trapitos" en la vía pública enfrenta ahora serios cuestionamientos técnicos y logísticos. La principal preocupación radica en la viabilidad de la norma y el riesgo de generar un cuello de botella en el sistema judicial, transformando un conflicto de convivencia urbana en una carga insostenible para el fuero penal.
Desde la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, los legisladores han iniciado una ronda de consultas con actores territoriales para evaluar el impacto real de la medida. El proyecto original establece un esquema de sanciones que incluye tareas comunitarias, multas y arresto, pero deja lagunas respecto a qué organismo será el encargado de procesar y juzgar estas contravenciones. En este escenario, la implementación de una ley "anti trapitos" se debate entre la demanda social de orden y la realidad de una estructura estatal que carece de recursos para absorber miles de causas nuevas.
El riesgo de un sistema judicial sobrepasado
Uno de los puntos de mayor fricción es la capacidad de respuesta de la justicia. El diputado Martín Rosúa, titular de la Comisión de Seguridad Pública, fue tajante al señalar que la normativa debe ser, por sobre todas las cosas, aplicable. Para el legislador, trasladar la persecución de la actividad de los cuidacoches directamente al ámbito penal podría resultar contraproducente para la seguridad pública en términos generales.
"Cargarle el trabajo a la Justicia penal podría empeorar la situación", advirtió Rosúa. El argumento central es que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los tribunales penales ya se encuentran trabajando al límite de sus capacidades con delitos de alta gravedad, como el narcotráfico y los homicidios. Incorporar el juzgamiento de miles de faltas contravencionales menores vinculadas a la permanencia de personas en la calle podría desviar recursos críticos y generar un colapso en el procesamiento de causas más urgentes.
Esta postura es compartida por otros bloques que, si bien coinciden en la necesidad de regular el espacio público, desconfían de las soluciones punitivas que no contemplan una ingeniería administrativa sólida. La diputada Lionella Cattalini también sumó cautela al debate, al remarcar que no se debe "vender espejitos de colores" con leyes que, una vez aprobadas, resultan de imposible cumplimiento en la práctica cotidiana de las ciudades.
La resistencia de los municipios y la falta de presupuesto
El proyecto de ley prevé que los municipios deben adherir a la norma para que sea efectiva en sus jurisdicciones. Sin embargo, los intendentes de las principales ciudades de la provincia, como Rosario, Santa Fe y Rafaela, ya han planteado sus reparos ante la Comisión de Seguridad. El foco de la controversia es el artículo 4, que constituye al ámbito municipal como actor y autoridad de aplicación para afrontar las contravenciones.
Los representantes locales sostienen que la provincia intenta delegar una responsabilidad punitiva sin la transferencia de los fondos necesarios. La aplicación de la ley requeriría un incremento sustancial en el presupuesto de las áreas de control urbano, la contratación de nuevo personal y la creación de estructuras de juzgamiento administrativo que hoy no existen a esa escala. En un contexto de ajuste fiscal, los municipios advierten que no tienen margen para absorber los costos operativos de una prohibición total.
Además de la cuestión presupuestaria, existe una preocupación logística sobre el destino de quienes sean arrestados. Si la ley prevé penas de privación de la libertad para quienes reincidan en la actividad, surge el interrogante de dónde serían alojados, dada la histórica crisis de sobrepoblación carcelaria y de comisarías que atraviesa la provincia.
Readecuación del proyecto y búsqueda de alternativas
Ante las objeciones presentadas por los funcionarios municipales y las advertencias de los legisladores, el expediente ha sido girado a tres comisiones distintas para su revisión técnica. El objetivo es introducir modificaciones que permitan una transición más ordenada y menos dependiente del sistema penal.
Entre las alternativas que se barajan, se encuentran:
Programas de reinserción laboral: Vincular la prohibición con bolsas de trabajo o capacitaciones de oficio para los cuidacoches censados.
Gradualidad en las penas: Priorizar las multas y el trabajo comunitario antes de llegar a la instancia de arresto.
Justicia de Faltas reforzada: Fortalecer los tribunales de faltas municipales para que sean ellos, y no los fiscales penales, quienes resuelvan los conflictos menores en la calle.
En las próximas semanas, la Cámara de Diputados convocará a miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación para escuchar su visión técnica sobre el impacto que tendría la ley en el flujo de trabajo de las fiscalías. Hasta el momento, el expediente no tiene una fecha definida para ser llevado al recinto, lo que sugiere que las negociaciones para modificar el texto enviado por el Senado serán intensas.
Un conflicto que afecta la convivencia urbana
La problemática de los cuidacoches no es nueva, pero ha escalado en tensión durante los últimos años, especialmente en zonas gastronómicas y en las inmediaciones de estadios de fútbol durante eventos masivos. Las denuncias por extorsión y fijación de tarifas arbitrarias por parte de los "trapitos" han presionado a la clase política para buscar una solución legislativa definitiva.
Sin embargo, detrás del fenómeno también subyace una realidad social de extrema vulnerabilidad. Según datos extraoficiales, una gran parte de quienes ejercen esta actividad se encuentran por fuera del sistema laboral formal y ven en el cuidado de vehículos su única fuente de ingresos. Es por ello que cualquier legislación que pretenda ser efectiva deberá equilibrar el derecho de los ciudadanos a circular y estacionar libremente con políticas sociales que eviten que la prohibición simplemente traslade el problema de una esquina a otra.
"Debe aprobarse una ley responsable y aplicable", insistió Rosúa, sintetizando el espíritu de una Cámara que busca evitar el populismo legislativo. La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre cómo el Estado santafesino decide gestionar el espacio público y hasta qué punto está dispuesto a criminalizar conductas sociales en un contexto de crisis económica.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.