El vocero presidencial Manuel Adorni quedó envuelto en una nueva polémica judicial tras la declaración de Leandro Miano, quien aseguró ante la Justicia que el funcionario acordó un pago extra por su departamento. La investigación, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, busca determinar el origen de los fondos y la legalidad de la maniobra inmobiliaria.
El testimonio que compromete al vocero presidencial
La causa que investiga el patrimonio y las transacciones inmobiliarias de Manuel Adorni sumó un elemento de prueba clave. Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió la propiedad al actual vocero, ratificó ante sede judicial la existencia de un compromiso de pago que no figuró en los documentos oficiales de la escritura traslativa de dominio.
Según el testimonio de Miano, el acuerdo estipulaba una entrega de US$ 65.000 en efectivo, adicionales al monto declarado ante escribano público. Esta cifra representa una parte significativa del valor de mercado del inmueble y, de confirmarse, pondría en duda la transparencia de la declaración jurada de bienes del funcionario nacional. La Justicia intenta ahora reconstruir el circuito de ese dinero y verificar si efectivamente salió del patrimonio declarado de Adorni.
El caso tomó relevancia no solo por la figura del implicado, sino por la metodología descrita por el testigo. Miano explicó que el arreglo se pactó de forma paralela para reducir la carga impositiva y ajustar el valor real de la propiedad a las expectativas de los vendedores, una práctica que, aunque común en el mercado informal, adquiere otra gravedad cuando el comprador es un alto mando del Poder Ejecutivo.
El rol de Marcelo Grandio y las pericias telefónicas
En el marco de la misma resolución, el juez federal Ariel Lijo ordenó el análisis exhaustivo de las comunicaciones de Marcelo Grandio, un hombre vinculado al entorno de Adorni. La sospecha de los investigadores es que Grandio pudo haber oficiado de intermediario o facilitador en la logística del pago en efectivo.
El peritaje de los dispositivos electrónicos busca detectar mensajes, llamadas o correos electrónicos que corroboren la versión de Miano. "El análisis de las celdas de telefonía y los chats de mensajería instantánea son fundamentales para establecer la línea de tiempo de la operación", indicaron fuentes judiciales cercanas al expediente.
La medida de prueba no se limita solo a los contactos directos, sino que pretende rastrear posibles transferencias bancarias o movimientos de divisas previos a la fecha de compra. El magistrado busca determinar si hubo una estructura coordinada para ocultar el monto real de la transacción a los organismos de control tributario, como la AFIP.
Inconsistencias en la declaración jurada y antecedentes
La lupa sobre Adorni no es casual. El vocero ha sido cuestionado previamente por el crecimiento de su patrimonio y la contratación de familiares en el Estado, situaciones que él mismo ha defendido en sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada. Sin embargo, una inconsistencia en una operación inmobiliaria de esta magnitud conlleva riesgos legales directos, como la imputación por posible enriquecimiento ilícito o evasión agravada.
En las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción, los valores de sus propiedades han sido objeto de análisis por parte de denunciantes y legisladores de la oposición. El contraste entre el valor de escritura —el que se utiliza para calcular impuestos— y el valor de mercado real es el eje donde se apoya la acusación de Miano.
Históricamente, los funcionarios públicos en Argentina han enfrentado procesos similares cuando no logran justificar la disponibilidad de dólares en efectivo para transacciones privadas. En este caso, la declaración del vendedor actúa como una "prueba de cargo" que obliga a la defensa de Adorni a presentar documentación respaldatoria que anule el testimonio del hijastro de la vendedora.
Impacto político y el frente judicial de los funcionarios
El avance de esta causa se produce en un contexto de fuerte ajuste fiscal y discurso de transparencia por parte de la administración central. Para el Gobierno, que Manuel Adorni —la cara visible de la comunicación oficial— enfrente una denuncia por pagos "en negro" resulta un golpe retórico difícil de asimilar.
El juez Lijo, quien también atraviesa su propio proceso de escrutinio público por su postulación a la Corte Suprema, deberá decidir en las próximas semanas si llama a indagatoria al vocero. Por ahora, las medidas se concentran en la recolección de prueba documental y digital.
La resolución de este conflicto dependerá de la trazabilidad del dinero. Si la Justicia logra comprobar que los US$ 65.000 existieron y que no hay registro de su origen, Adorni enfrentará un escenario judicial complejo que podría derivar en su apartamiento del cargo. Por el momento, el vocero mantiene su agenda habitual, aunque el silencio respecto a los detalles técnicos de esta operación inmobiliaria comienza a generar ruido interno en el gabinete nacional.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.