El jefe de Gabinete gastó 14 millones de pesos en amoblamiento para su departamento de Caballito, una cifra que, según los investigadores, no guarda correlación con sus ingresos declarados.
La situación judicial de Manuel Adorni se complejiza tras las recientes revelaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El actual jefe de Gabinete y ex vocero presidencial quedó bajo la lupa de la Justicia luego de que se conociera un gasto de 14 millones de pesos destinado exclusivamente a la renovación de mobiliario en su propiedad del barrio porteño de Caballito. La inconsistencia entre el nivel de erogaciones y sus haberes registrados es el eje central de la investigación que encabeza el juez federal Ariel Lijo.
El dato surgió a partir del testimonio de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las tareas de remodelación en la vivienda del funcionario. Tabar, quien también realizó trabajos en la casa que Adorni posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, aportó detalles sobre los pagos efectuados para el equipamiento del departamento. Esta declaración profundiza la sospecha sobre el origen de los fondos utilizados para sostener un estándar de vida que, según los peritos, excede la capacidad de ahorro del jefe de Gabinete.
El levantamiento del secreto fiscal y los vínculos familiares
Frente a la contundencia de los testimonios y los informes preliminares, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida busca contrastar los movimientos bancarios, consumos de tarjetas de crédito y declaraciones de bienes de la sociedad conyugal con el flujo de fondos detectado en las remodelaciones. La Justicia intenta determinar si los 14 millones de pesos destinados a muebles fueron bancarizados o si, por el contrario, formaron parte de una economía informal no declarada.
La investigación también alcanza al entorno cercano del funcionario. El fiscal Gerardo Pollicita ha puesto el foco en una red de préstamos que involucra a jubiladas vinculadas con la operación de compra-venta del departamento en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, se avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, hijo de una de las mujeres que figuran como prestamistas. Miano es socio de Pablo Feijoo, cuyo madre también aparece relacionada en la trama financiera del caso, actuando como gestora en las transacciones inmobiliarias de Adorni.
Peritajes telefónicos y la red de contactos del funcionario
Para reconstruir la trazabilidad del dinero y las negociaciones detrás de las reformas, la Justicia procedió al peritaje de los teléfonos celulares de los involucrados. El dispositivo de Matías Tabar es considerado una pieza clave, ya que contendría los registros de las comunicaciones mantenidas con Adorni y su esposa durante el periodo en que se realizaron las compras y los pagos por el mobiliario. Los mensajes y llamadas podrían revelar si existieron pagos en efectivo o acuerdos por fuera del sistema financiero.
Asimismo, la orden del juez Lijo incluyó la revisión de las comunicaciones de Marcelo Grandio, periodista y productor cercano al jefe de Gabinete. Grandio, señalado como un amigo íntimo de Adorni, estaría bajo observación para determinar si su rol fue el de un nexo o facilitador en alguna de las operaciones comerciales que hoy se investigan. La intención del juzgado es establecer si el círculo de confianza del funcionario participó en la ingeniería financiera para la adquisición de bienes.
Antecedentes y el impacto en la gestión pública
El caso Adorni no es un hecho aislado en el actual escenario político. La investigación por enriquecimiento ilícito se produce en un momento de fuerte exposición para el funcionario, quien pasó de ser el comunicador diario del Gobierno a ocupar la Jefatura de Gabinete. Los cuestionamientos sobre su patrimonio se suman a una serie de críticas por la designación de familiares en la estructura estatal y el incremento de su estructura de asesores, lo que genera un desgaste en su imagen pública.
El foco sobre los 14 millones de pesos gastados en muebles de lujo para un departamento en Caballito resalta la contradicción entre el discurso de austeridad promovido por la administración nacional y el estilo de vida de sus principales cuadros técnicos. Mientras la Justicia analiza si los números cierran, el impacto social de la causa crece, alimentado por la falta de respuestas claras sobre cómo un funcionario público puede afrontar gastos de tal magnitud sin que estos se reflejen en su declaración jurada de bienes.
"Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete", sostienen fuentes allegadas a la investigación, reforzando la hipótesis de que el nivel de gasto es incompatible con sus ingresos oficiales. En las próximas semanas, el análisis de las llamadas y los resultados del levantamiento del secreto fiscal serán determinantes para definir si el funcionario es llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.
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