El Concejo Municipal analiza un proyecto para actualizar la normativa vigente y obligar a las plataformas de reparto a registrarse, ante un universo de 9.000 trabajadores informales.
El vertiginoso crecimiento del consumo a través de plataformas digitales en Rosario ha dejado expuesta una brecha legal que afecta a miles de trabajadores. Actualmente, el servicio de mensajería y reparto a domicilio en la ciudad emplea a unas 9.000 personas, pero la precariedad es la norma: según datos gremiales, apenas cien de ellos cuentan con un empleo registrado. Ante este escenario, el Sindicato de Cadetes presentó un proyecto en el Concejo Municipal para modernizar la regulación de la actividad y obligar a las empresas de aplicaciones a inscribirse formalmente ante el municipio.
La iniciativa busca reemplazar o modificar la Ordenanza 7.042, una normativa que data del año 2000. En aquel entonces, el servicio de delivery se limitaba a estructuras barriales o locales gastronómicos con flota propia, un ecosistema que nada tiene que ver con el actual modelo de negocios basado en algoritmos y plataformas transnacionales. "La ordenanza ha quedado completamente desactualizada", sentenció Nicolás Martínez, referente del sector, al explicar la urgencia de un marco legal que reconozca la realidad del trabajo de plataforma en 2026.
El abismo de la informalidad en el sector
Uno de los puntos más críticos que fundamenta el proyecto es la disparidad estadística entre el personal activo y el registrado. El censo que lleva adelante la Municipalidad de Rosario estima que el universo de repartidores alcanza las 9.000 personas. Sin embargo, el Sindicato de Cadetes advierte que el nivel de empleo "en blanco" no llega siquiera al 1% del total. Esta situación coloca a la gran mayoría de los trabajadores en una zona de vulnerabilidad social y económica, sin coberturas de salud ni seguros contra accidentes de trabajo en una actividad de alto riesgo vial.
Históricamente, los pocos cadetes registrados en la ciudad pertenecen a los convenios de Empleados de Comercio o Gastronómicos. No obstante, el volumen de trabajadores que operan exclusivamente mediante aplicaciones móviles ha crecido de manera exponencial, quedando fuera de cualquier esquema de protección laboral tradicional. El proyecto presentado pretende que las empresas de delivery asuman su responsabilidad como empleadores o, al menos, como entidades sujetas a la fiscalización local.
Hacia un registro obligatorio de aplicaciones
La propuesta legislativa toma como referencia experiencias exitosas en otras jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se crearon registros específicos para las plataformas digitales. El objetivo primordial es que las aplicaciones tengan la obligación de inscribirse en un padrón municipal, lo que permitiría al Estado local ejercer un control más estricto sobre las condiciones en las que se presta el servicio y la identidad de quienes lo ejecutan.
"En Rosario, el reparto no deja de crecer, pero ese crecimiento debe ir acompañado de derechos", sostienen desde el gremio. La modernización de la ordenanza no solo apunta a la formalización laboral, sino también a la seguridad vial y urbana. Al existir un registro formal, se podrían implementar mejores políticas de capacitación y control vehicular para los miles de trabajadores que circulan diariamente por las calles rosarinas, optimizando la convivencia en el espacio público.
Antecedentes y el impacto en el consumo
El debate llega en un momento de transformaciones económicas profundas. Informes recientes indican que, si bien el uso de aplicaciones de delivery sigue en aumento por una cuestión de cambio de hábitos culturales, el poder de compra de los usuarios locales ha sufrido una caída cercana al 12%. Esta combinación de mayor demanda de servicio y menores ingresos por pedido presiona directamente sobre la rentabilidad de los repartidores, quienes deben trabajar más horas para alcanzar el mismo sustento.
El tratamiento del proyecto en las comisiones del Concejo será clave para definir si Rosario se encamina hacia un modelo de "economía colaborativa" regulada o si persiste el esquema actual de desregulación. Para los autores de la iniciativa, el paso del tiempo sin una respuesta legislativa solo profundiza la desigualdad. La meta es clara: que la tecnología sea una herramienta de progreso y no un mecanismo de evasión de las responsabilidades laborales básicas que rigen en el resto de las actividades comerciales de la ciudad.
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