El Gobierno de Santa Fe ratificó que demandará penalmente a quienes no abonen los costos de los operativos derivados de las falsas amenazas de tiroteos en las instituciones.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe endureció su postura frente a la ola de amenazas en establecimientos educativos. La vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, confirmó que el Estado provincial llevará ante la Justicia los casos de aquellas familias que se nieguen a pagar las multas administrativas aplicadas tras la identificación de menores responsables de mensajes intimidatorios. La medida busca recuperar los costos operativos que genera el despliegue policial y los protocolos de emergencia, que en algunos casos superan los 6 millones de pesos por incidente.
La decisión oficial surge tras el primer intento de resistencia legal por parte de un progenitor en la ciudad de Santa Fe. Un padre, representado por su abogado, presentó una impugnación formal contra la intimación pecuniaria impuesta luego de que su hijo adolescente participara en un "desafío viral" que incluía la difusión de una nota con amenazas de balaceras. Según la administración de Maximiliano Pullaro, la sanción económica no es negociable y constituye un resarcimiento por el uso indebido de recursos públicos.
El caso testigo que originó el conflicto legal
La controversia se centró en una notificación entregada recientemente en la capital provincial, donde la policía intimó a un hombre a abonar la suma de 6 millones de pesos. El monto fue calculado en función del despliegue de móviles, personal de la Brigada de Explosivos y el tiempo de servicio de los agentes afectados al operativo de evacuación y resguardo del colegio involucrado.
La defensa del padre argumenta que el hecho no constituye un delito que justifique tal sanción económica, alegando que el contenido intimidante fue redactado fuera del establecimiento y que el joven admitió su error de forma inmediata ante las autoridades. Sin embargo, Coudannes fue tajante al señalar que la responsabilidad civil de los padres es directa sobre los actos de sus hijos menores y que el proceso administrativo seguirá su curso hasta instancias judiciales si el depósito no se efectiviza en los plazos previstos.
"Hemos notado que, desde que comenzamos con las notificaciones y las sanciones pecuniarias, las incidencias han bajado muchísimo", destacó la vocera. Para el Gobierno, la efectividad de la "mano dura" económica ha servido como un elemento disuasorio más potente que las simples advertencias escolares o las causas penales de menores que suelen quedar archivadas por la edad de los involucrados.
Antecedentes y el impacto de la tragedia de San Cristóbal
El rigor del Ejecutivo santafesino no es un hecho aislado, sino una respuesta directa a una escalada de violencia que alcanzó su punto máximo el pasado 30 de marzo en la localidad de San Cristóbal. En aquel episodio, un adolescente de 15 años asesinó a Ian Cabrera, de 13, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. Ese crimen marcó un antes y un después en la tolerancia estatal frente a cualquier tipo de indicio violento en las aulas.
Aquella tragedia desnudó la vulnerabilidad del sistema de seguridad escolar y obligó al Ministerio de Educación y al de Seguridad a trabajar en conjunto para prevenir situaciones de riesgo. Desde entonces, cada amenaza de bomba o de tiroteo es tratada como una emergencia de máxima prioridad, lo que conlleva un gasto logístico que la provincia ya no está dispuesta a absorber con fondos públicos.
El protocolo actual establece que, una vez detectado el origen del mensaje —generalmente a través de investigaciones de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) en redes sociales o llamadas al 911—, se procede al allanamiento del domicilio, el secuestro de dispositivos electrónicos y la posterior notificación de la deuda. La judicialización que ahora anuncia la provincia implica que, de no mediar pago, se iniciarán juicios de apremio y posibles embargos sobre los bienes de los tutores legales.
Desafíos virales y la responsabilidad de los adultos
El fenómeno de las amenazas escolares ha mutado en los últimos meses. Ya no se trata solo de llamadas aisladas para evitar un examen, sino de retos orquestados en plataformas digitales como TikTok o Telegram. Estos desafíos consisten en generar el mayor caos posible, provocando la suspensión de clases y la llegada masiva de fuerzas de seguridad a los edificios educativos.
Las autoridades insisten en que los padres deben ejercer un control estricto sobre el consumo digital de los menores. El argumento de que "es una broma de chicos" ha dejado de tener peso ante la normativa provincial. Para el Estado santafesino, una falsa amenaza de tiroteo no es una travesura, sino un acto que pone en riesgo la salud mental de la comunidad educativa y distrae recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito en las calles.
El Ministerio de Justicia y Seguridad detalló que el costo de cada operativo se desglosa en:
Combustible y desgaste de unidades móviles.
Horas hombre del personal policial y de bomberos.
Intervención de peritos informáticos.
Lucro cesante por la interrupción del servicio educativo.
Con esta nueva estrategia de judicialización, Santa Fe busca sentar un precedente a nivel nacional. La intención es que las familias comprendan que las acciones de sus hijos tienen consecuencias financieras directas y que el Estado utilizará todas las herramientas legales disponibles para garantizar que el costo del pánico social sea cubierto por quienes lo provocan. El conflicto entre los derechos de defensa de los padres y la potestad recaudatoria del Estado promete convertirse en una batalla jurídica que llegará a los tribunales provinciales en las próximas semanas.
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