El pedido de prisión perpetua para los responsables de los crímenes que paralizaron a Rosario en 2024 marca un punto de inflexión para el plan de Maximiliano Pullaro, mientras la tensión con la Corte Suprema persiste por la independencia judicial.
A dos años de la denominada "semana trágica" de marzo de 2024, la política y la justicia santafesina convergen en un escenario de máxima tensión. El pedido de la Fiscalía para aplicar la pena de prisión perpetua a los once acusados de planificar y ejecutar los asesinatos de dos taxistas, un colectivero y un playero no es solo un trámite procesal. Para la Casa Gris, representa la validación definitiva de una estrategia de seguridad que nació en el momento más oscuro de la gestión de Maximiliano Pullaro.
Aquel raid delictivo, que tuvo lugar entre el 5 y el 9 de marzo de 2024, no fue un brote de violencia azaroso, sino una represalia directa y organizada contra el endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Hoy, con las audiencias preliminares en curso, el Gobierno provincial observa el proceso con la expectativa de quien busca un respaldo institucional a su lucha contra las organizaciones narcocriminales.
El juicio como validación del plan de seguridad
En el entorno del gobernador coinciden en que una sentencia ejemplar funcionaría como "combustible" político para la segunda mitad del mandato. La condena que se busca para los once imputados permitiría a Pullaro refrescar el contraste entre la parálisis que sufrió Rosario en 2024 y el escenario actual. En aquel entonces, la ciudad quedó desierta, sin transporte y con comercios cerrados ante la amenaza de un grupo criminal que intentaba torcerle el brazo al Estado.
La resolución de este caso consolidaría el trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Poder Ejecutivo. Esta coordinación, que el mandatario promovió desde su asunción, busca que el diseño de la política de persecución penal sea una herramienta activa contra el crimen organizado, una visión que incluso fue plasmada en el debate por la nueva Constitución santafesina.
La pulseada por la independencia y los recursos
Mientras el Ejecutivo se enfoca en el éxito de la persecución penal, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe mantiene un frente de resistencia. Durante las recientes XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes en la capital provincial, el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, encabezó un encuentro que funcionó como una demostración de autonomía.
La presencia de Andrea Pochak, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le dio un marco institucional a los reclamos del sector judicial. Bajo el título de "Estándares para la protección de la independencia judicial", se deslizaron críticas que, aunque generales para la región, resuenan con fuerza en Santa Fe. Los ejes del conflicto son tres: las remuneraciones (vinculadas a la reforma previsional y el aporte solidario), los procesos de selección de magistrados y las vacantes sin cubrir.
Un escenario electoral bajo el peso de la seguridad
Con la vista puesta en el año electoral, la administración de Pullaro necesita capitalizar los logros en materia de seguridad para mitigar el desgaste natural de la gestión. La sociedad, que al inicio del mandato otorgó un margen de tolerancia amplio, comienza a demandar resultados sostenibles en el tiempo. El recuerdo del playero Bruno Bussanich y de los trabajadores asesinados en 2024 sigue fresco en la memoria colectiva, y el resultado de este juicio será el termómetro con el que se mida la eficacia del sistema.
Desde el Poder Judicial aseguran que los avances en el nombramiento de magistrados son parciales y que la independencia técnica sigue bajo amenaza por la falta de recursos. Sin embargo, para la Casa Gris, el foco está puesto en cerrar el ciclo de impunidad de las bandas que desafiaron la autoridad estatal en marzo de 2024. La sentencia, de concretarse el pedido de perpetua, será el sello distintivo de una gestión que decidió no ceder ante la extorsión narco.
"La Justicia provincial tuvo un fallo ejemplar", había dicho Pullaro años atrás tras la condena a Los Monos. Hoy, la historia parece repetirse con nuevos actores, pero con la misma necesidad política de mostrar orden en un territorio que supo estar dominado por el miedo. El juicio por la semana trágica no solo determinará el destino de once acusados, sino que definirá el relato oficial sobre la recuperación del control público en Santa Fe.
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