
Un magistrado de Villa Constitución desestimó una presentación judicial al detectar que los argumentos y plazos citados eran inexistentes y habían sido generados por un chatbot sin control profesional.
🧱 CUERPO DE LA NOTICIA
El uso de la tecnología en el ámbito legal sumó un nuevo y polémico capítulo en la provincia de Santa Fe. El juez en lo Civil y Comercial de Villa Constitución, David Lisandrello, rechazó un planteo incidental luego de constatar que el escrito había sido confeccionado mediante Inteligencia Artificial (IA), lo que derivó en la inclusión de normativas y plazos que no figuran en el código procesal vigente.
La resolución no solo frenó el trámite judicial, sino que encendió las alarmas sobre la responsabilidad de los abogados. Según el magistrado, el texto presentaba una "cadencia de estilo gramatical" y una construcción de frases típica de los modelos de lenguaje automatizados, lo que lo llevó a realizar una verificación exhaustiva de las fuentes invocadas por el letrado.
Tras confirmar que los argumentos legales eran "alucinaciones" del sistema —datos inventados que parecen reales pero carecen de sustento fáctico—, el juez decidió elevar un informe al Colegio de Abogados de Rosario.
Este caso se suma a un antecedente reciente en la Cámara de Apelaciones de Rosario, donde el juez Oscar Puccinelli también llamó la atención a un abogado que citó fallos inexistentes.
El juez Lisandrello fue tajante al señalar que el planteo no era una simple deficiencia de argumentos, sino la introducción de una "premisa normativa inexistente".
"La IA puede cumplir una función auxiliar en la organización o redacción preliminar, pero su empleo no exime al profesional del deber de verificación", destacó el magistrado en los fundamentos de su decisión.
La comunicación formal al Colegio de Abogados de Rosario busca que el Tribunal de Ética tome conocimiento de esta nueva problemática. Se intenta establecer un límite claro: aunque la tecnología sea una herramienta válida para la modernización, la responsabilidad final sobre la veracidad de un escrito judicial recae exclusivamente sobre la firma del abogado.

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