La Libertad Avanza busca destrabar el debate en comisiones y convoca a mandatarios de provincias mineras para garantizar los votos necesarios en el recinto.
En una semana clave para la agenda legislativa, el oficialismo redobló la presión sobre los gobernadores de las provincias cordilleranas con el objetivo de acelerar el dictamen de la reforma de la Ley de Glaciares. Tras una serie de audiencias públicas cruzadas por fuertes cuestionamientos de la oposición y asambleas ambientales, el Gobierno busca ahora que los mandatarios provinciales asuman un rol protagónico en la defensa del proyecto, que apunta a flexibilizar las restricciones a la actividad económica en zonas periglaciares.
La estrategia del bloque libertario consiste en exponer que la normativa vigente, sancionada en 2010, actúa como un freno para inversiones millonarias en el sector minero. Para ello, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, impulsan una reunión informativa en la que participarían representantes de la "Mesa del Litio" y del cobre, integrada por San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.
La puja por el control de la zona periglaciar
El eje de la discordia radica en la modificación de la definición de las áreas protegidas. El proyecto oficialista propone limitar la protección exclusivamente a los glaciares que cumplan con funciones hídricas fundamentales y estén debidamente inventariados. Según fuentes parlamentarias, este cambio permitiría habilitar proyectos en zonas que hoy están bajo una "zona gris" legal, lo que genera resistencia en los bloques de Unión por la Patria y la Izquierda.
"Es necesario dar previsibilidad a las inversiones sin descuidar el ambiente, pero bajo un criterio científico actualizado y no obstructivo", sostienen desde el entorno de los bloques aliados que acompañan la iniciativa. En contrapartida, la oposición advierte que la reforma desprotege fuentes de agua vitales en un contexto de crisis hídrica prolongada.
El factor de los gobernadores y el poroteo de votos
El oficialismo no cuenta con los números asegurados en el recinto y necesita que los gobernadores "territorialicen" la discusión. La intención es que los ministros de Minería y Medio Ambiente provinciales aporten sus propios equipos técnicos para rebatir los argumentos de los sectores conservacionistas y del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
La presencia de los mandatarios en Diputados —o de sus delegados directos— busca enviar una señal de unidad federal frente a un tema que el Gobierno considera estratégico para el ingreso de divisas. Sin embargo, la Coalición Cívica y otros sectores intermedios ya solicitaron ampliar la lista de convocados, lo que podría dilatar los tiempos de sanción que el Ejecutivo pretendía para esta misma semana.
Impacto económico y antecedentes del conflicto
La reforma se da en un marco donde el Gobierno nacional intenta reglamentar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y la minería es uno de los pilares de ese esquema. Se estima que existen proyectos de cobre y litio por más de 10.000 millones de dólares que dependen, en gran medida, de la claridad jurídica sobre dónde se puede o no operar.
La Ley 26.639, sancionada hace 14 años, ya fue objeto de disputas judiciales en el pasado, incluyendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2019 que ratificó su constitucionalidad ante un planteo de la empresa Barrick Gold. Hoy, el oficialismo intenta revertir esa lógica argumentando que el desarrollo económico de las provincias mineras debe primar sobre lo que califican como una "regulación excesiva".
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