El Gobierno español aprobó una regularización extraordinaria para otorgar permisos de residencia y trabajo a medio millón de personas que ya residen en el país, alegando razones humanitarias y de sostenibilidad del sistema.
El presidente Pedro Sánchez defendió la medida desde Pekín, calificándola como un acto de normalización para ciudadanos que ya contribuyen a la prosperidad del país. La iniciativa busca integrar formalmente a quienes trabajan en sectores clave como la agricultura y el cuidado de personas mayores.
Para acceder al beneficio, los solicitantes deben acreditar su estancia en España desde antes del 1 de enero de este año. Además, se les exige un período mínimo de cinco meses de residencia ininterrumpida y la ausencia total de antecedentes penales.
Requisitos y plazos para la tramitación
El proceso administrativo comenzará el 16 de abril de forma telemática. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y dependencias de Correos en todo el territorio para recibir las solicitudes hasta el 30 de junio.
El Ejecutivo se trazó el objetivo de resolver cada expediente en un plazo de dos meses y medio. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos operativos: trabajadores de las oficinas de Extranjería anunciaron una huelga indefinida a partir del 21 de abril, lo que podría generar demoras significativas en la gestión de los trámites.
El impacto económico y el debate político
La medida responde a una necesidad demográfica urgente. "España, como otros países europeos, envejece", señaló Sánchez, advirtiendo que sin nuevos trabajadores que coticen, la sostenibilidad de la sanidad y las pensiones se verá comprometida a mediano plazo.
"Se trata de un acto de justicia con los antepasados españoles que emigraron y con quienes hoy ayudan a levantar nuestra sociedad".
Desde la vereda opuesta, el Partido Popular (PP) liderado por Alberto Núñez Feijóo calificó la medida de "insegura e injusta". La oposición sostiene que esta regularización masiva podría generar un "efecto llamada" y beneficiar a las mafias del tráfico de personas, además de contravenir pactos migratorios europeos.
Por su parte, el partido Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo para solicitar su suspensión cautelar. En contraste, la Iglesia Católica y diversas ONG celebraron la decisión, argumentando que la irregularidad administrativa expone a los migrantes a situaciones de extrema vulnerabilidad y explotación laboral.
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