El presidente Nayib Bukele sancionó una reforma constitucional que habilita la prisión de por vida para adolescentes y adultos responsables de delitos graves, eliminando los topes de reclusión vigentes hasta la fecha.La administración de Nayib Bukele dio un paso determinante en la reconfiguración del sistema judicial de El Salvador al sancionar un paquete de reformas penales que introducen la cadena perpetua en el país. La medida, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, destaca por su severidad al incluir a menores desde los 12 años de edad como sujetos pasibles de recibir la pena máxima ante delitos de extrema gravedad.
Esta modificación legal se aplica a crímenes específicos como el homicidio, femicidio, violación y la pertenencia acreditada a estructuras de pandillas. Con esta firma, el Ejecutivo salvadoreño desmantela el esquema de justicia juvenil anterior, que establecía límites máximos de permanencia en prisión para menores de edad, y unifica el castigo con el de los adultos bajo un criterio de "tolerancia cero" ante la criminalidad organizada.
Reestructuración de los juzgados y revisión de penas
La implementación de estas reformas conlleva una transformación orgánica del Poder Judicial. A partir del 26 de abril, entrarán en vigencia los nuevos juzgados de lo criminal, instituciones que reemplazan a los antiguos juzgados de menores. Esta transición elimina la distinción procesal que existía para los adolescentes, centrando el enfoque en la naturaleza del delito por sobre la edad del imputado.
No obstante, el texto legal contempla un mecanismo de revisión obligatoria para las condenas a perpetuidad, aunque bajo plazos de cumplimiento efectivo extensos. Según la nueva normativa, los tribunales deberán evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada solo después de que el condenado haya cumplido una parte sustancial de su sentencia en prisión:
Menores de edad: revisión a partir de los 25 años de cárcel.
Adultos: revisión a partir de los 30 años de reclusión.
Adultos con concursos de delitos: revisión tras 35 años de pena.
Delitos con agravantes: revisión recién a los 40 años de cumplimiento efectivo.
"Estos jueces de lo criminal deberán realizar una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas", detalla el marco legal sancionado por el mandatario. Esta evaluación se repetirá cada cinco años una vez alcanzado el umbral inicial estipulado para cada categoría.
El fin de los límites para la justicia juvenil
Antes de esta reforma, la Ley Penal Juvenil de El Salvador funcionaba bajo un paradigma de reinserción con límites temporales estrictos. Para los menores de 16 años, la pena máxima era de 10 años de prisión, mientras que para los jóvenes de entre 16 y 18 años, el tope se extendía hasta los 20 años, incluso en casos vinculados a pandillas.
Con el nuevo escenario jurídico, un niño de 12 años que sea hallado culpable de participar en un homicidio bajo el paraguas de una organización criminal podría permanecer en una celda hasta el final de sus días, con una remota posibilidad de revisión cuando promedie los 37 años de edad.
Este endurecimiento se enmarca en el régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022. Esta medida, que ya lleva cuatro años de prórroga ininterrumpida, permitió la detención de aproximadamente 91.650 personas. El gobierno defiende estos resultados como el éxito de su "guerra contra las pandillas", reportando que los índices de violencia han caído a mínimos históricos, a pesar de que Bukele reconoció recientemente la liberación de unas 8.000 personas que eran inocentes.
Un giro político hacia la perpetuidad en el poder
El impacto de estas reformas trasciende lo estrictamente penal y se inserta en un contexto de profunda mutación institucional. En julio de 2025, el oficialismo ya había impulsado una reforma para suprimir los límites al mandato presidencial, lo que despejó el camino para la reelección indefinida de Bukele.
Analistas internacionales y organismos de derechos humanos advierten que la suma del control judicial, el debilitamiento de los pesos y contrapesos y la aplicación de penas severas a menores consolidan un modelo de gobierno autocrático. Para la oposición salvadoreña, estas leyes no solo buscan combatir el crimen, sino también enviar un mensaje de control social absoluto en una nación donde el estado de emergencia se volvió la norma cotidiana.
La vigencia de las nuevas penas marca un punto de no retorno en la justicia centroamericana. Mientras el gobierno asegura que la cadena perpetua es la única garantía de paz para las familias salvadoreñas, los críticos sostienen que la erosión de los derechos de la niñez y la falta de garantías procesales socavan las bases de la democracia en la región.
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