El Gobierno planea recortar 1.400 puestos en el INTI y advierten por el cierre de sedes regionales

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La medida impulsada por el Ministerio de Desregulación reduciría la planta del organismo a menos de la mitad de su capacidad operativa de 2023. Trabajadores denuncian que el ajuste pone en riesgo la asistencia tecnológica a la industria.

La tensión en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) alcanzó un punto crítico este martes tras confirmarse la intención del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar con una reducción masiva de su plantilla. Según informaron representantes gremiales y la Multisectorial del organismo, el plan oficial contempla la baja de 1.400 trabajadores, una cifra que, sumada a los recortes ya ejecutados desde el inicio de la gestión actual, dejaría a la institución al borde de la inoperatividad técnica.

El anuncio se dio en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede central de Villa Maipú, donde el personal fue notificado de que la orden proviene directamente del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. La medida no solo impacta en la estabilidad laboral de los empleados, sino que también desmantela la red de asistencia que el instituto brinda a las pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.

Desmantelamiento operativo y pérdida de funciones estratégicas

El recorte de 1.400 puestos se inscribe en un proceso de ajuste que ya ha reducido sensiblemente el peso del INTI en el esquema productivo. En diciembre de 2023, el organismo contaba con una planta de 3.100 profesionales y técnicos; sin embargo, entre despidos, retiros voluntarios y la caída de contratos bajo la modalidad de monotributo, la cifra actual ya se ubica en torno a los 2.400 trabajadores.

De concretarse este nuevo ajuste, el instituto pasaría a funcionar con apenas 1.000 empleados a nivel nacional. Desde los sectores técnicos advierten que esta cifra es insuficiente para mantener los laboratorios y las certificaciones de calidad necesarias para que los productos argentinos compitan en el mercado interno y externo. "No hay manera de cubrir todo el territorio", señalaron fuentes del organismo, alertando sobre el posible cierre de delegaciones en el interior del país.

El impacto en la industria y el plan de lucha

La justificación oficial para este recorte se apoya en la eliminación de más de mil controles de calidad y normativas técnicas que anteriormente estaban bajo la órbita del INTI. Esta política de "desregulación" busca simplificar procesos administrativos, pero desde la comunidad científica y productiva alertan que esto podría derivar en una pérdida de estándares de seguridad y calidad en bienes de consumo masivo y componentes industriales.

Ante la inminencia de los despidos, los trabajadores anunciaron un refuerzo del plan de lucha para los próximos días. Las medidas incluyen:

  • Asambleas permanentes por sectores para evaluar el impacto en cada laboratorio.

  • Manifestaciones frente a la sede central y organismos oficiales.

  • Actividades de visibilización para explicar el rol del INTI en la certificación de exportaciones y seguridad industrial.

"La decisión de avanzar con estos despidos implica, en la práctica, la disolución del instituto", afirmaron desde la Multisectorial, subrayando que el congelamiento salarial y el desfinanciamiento ya han provocado una fuga de cerebros hacia el sector privado o el exterior, debilitando la soberanía tecnológica de la Argentina.

Un organismo clave nacido en 1957

El INTI fue creado en 1957 con la misión de ser el brazo tecnológico del Estado para apuntalar el desarrollo industrial. Su función principal es la transferencia de tecnología y la realización de ensayos que garantizan que los productos fabricados en el país cumplan con las normas internacionales.

La preocupación no solo radica en la pérdida de empleos, sino en el vacío institucional que dejaría el Estado en el control de metrología, calidad de alimentos, eficiencia energética y certificaciones de materiales de construcción. Para los especialistas del sector, una reducción de esta magnitud es inédita en la historia del organismo y compromete la capacidad de las PyMEs para acceder a servicios técnicos de alta complejidad que no se encuentran disponibles de manera privada en gran parte del país.

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