Advierten sobre graves impactos económicos y fiscales en provincias, incluso en aquellas sin glaciares como Santa Fe, si se aprueba la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, será tratado en la Cámara de Diputados esta semana.
Organismos y especialistas señalan que una modificación a la Ley 26.639 podría desencadenar emergencias hídricas, afectando directamente la disponibilidad de agua dulce. Esto tendría repercusiones significativas en la economía regional y en las finanzas de las jurisdicciones provinciales.
El marco de protección de la Ley de Glaciares
La normativa vigente, sancionada en el año 2010, establece un régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial. Su propósito es preservar estas formaciones como reservas estratégicas de agua dulce y proteger la biodiversidad asociada a ellas.
La ley prohíbe expresamente actividades que puedan afectarlos, como la exploración y explotación minera, hidrocarburífera y otras que impliquen la remoción, destrucción o contaminación de estas áreas. La propuesta de reforma busca flexibilizar algunas de estas restricciones.
Riesgos hídricos y fiscales para provincias sin glaciares
Incluso provincias que no poseen glaciares en su territorio, como Santa Fe, se verían comprometidas. La cuenca del Río Paraná, por ejemplo, recibe aportes de ríos que nacen en zonas andinas con glaciares y ambientes periglaciares.
Una disminución en el caudal o la calidad del agua debido a la degradación de estas fuentes aguas arriba afectaría directamente la producción agrícola, la industria y el consumo humano en las provincias de la llanura. Los costos asociados a posibles emergencias hídricas, como la provisión alternativa de agua o la mitigación de sequías, recaerían sobre los presupuestos provinciales.
Esto generaría una carga fiscal adicional en un contexto económico ya complejo, impactando la capacidad de respuesta de los estados locales. La Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de evaluar el equilibrio entre el desarrollo productivo y la salvaguarda de un recurso estratégico como el agua.
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