El Gobierno de Santa Fe, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), procedió este martes al derribo de un búnker de drogas ubicado en el corazón de barrio Tablada. El inmueble, situado en calle Garibaldi al 200, era un foco crítico de violencia donde se habrían gestado múltiples ataques armados e intimidaciones que mantenían en vilo a los vecinos de la zona sur de Rosario.
Un punto clave en la estructura criminal
La intervención se realizó bajo el amparo de la Ley de Microtráfico y representa el inmueble número 109 inactivado en la provincia desde la implementación de la norma. Según las investigaciones, el lugar funcionaba como base operativa para una organización que no solo comercializaba estupefacientes, sino que también disputaba el territorio mediante el uso de la fuerza.
"Identificamos una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial", detalló la fiscal del MPA, Brenda Debiasi, quien supervisó el operativo junto al secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira.
Vínculos con la banda de "La Picota"
La investigación, que se inició en septiembre del año pasado, logró conectar este domicilio con al menos cuatro balaceras recientes, una de las cuales dejó personas heridas. Las autoridades señalaron que la estructura criminal estaría liderada por una mujer conocida como "La Picota", cuya célula utilizaba el inmueble de calle Garibaldi —el cual se encontraba en condiciones de inhabitabilidad— exclusivamente para el fraccionamiento y expendio de drogas.
En los allanamientos previos al derribo, las fuerzas de seguridad lograron resultados contundentes: se secuestró cerca de un kilo de cocaína fraccionada, dos armas de fuego, balanzas de precisión y más de 6 millones de pesos en efectivo. Además, se incautó una máquina contadora de billetes, lo que demuestra el volumen de maniobras financieras que manejaba la banda.
Impacto social y la lucha contra el narcomenudeo
Para el Ministerio de Justicia y Seguridad, estas acciones son fundamentales para quebrar la logística de las bandas barriales. Omar Pereira subrayó que el objetivo de estas demoliciones es eliminar los lugares que generan "violencia altamente lesiva" y recuperar la tranquilidad en sectores históricamente castigados por el narcotráfico.
"La Ley de Microtráfico nos permite actuar de manera directa sobre estos puntos que degradan el tejido social", explicaron fuentes oficiales. Con la desaparición física de estos búnkeres, el Estado busca evitar que los inmuebles abandonados o usurpados vuelvan a ser utilizados como "aguantaderos" o centros de reclutamiento de jóvenes para tareas delictivas.
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