El vocero presidencial, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la escena política tras la difusión de su declaración jurada y una serie de episodios que involucran vuelos privados y la seguridad aeroportuaria. Los datos revelan un crecimiento significativo en su patrimonio previo a asumir la función pública, en un contexto de fuerte escrutinio sobre la transparencia de los funcionarios nacionales.
Según los registros oficiales presentados ante la Oficina Anticorrupción, Manuel Adorni duplicó su patrimonio en el año previo a incorporarse al Gobierno de Javier Milei. El funcionario reportó bienes que muestran una evolución financiera notable, superando proporcionalmente en ese período a otros integrantes del gabinete como Luis Caputo o Karina Milei.
Este incremento patrimonial, aunque legalmente declarado, ha despertado el interés de diversos sectores que analizan la composición de sus activos. La mayoría de sus bienes se encuentran diversificados en ahorros, propiedades y vehículos, consolidando una posición económica robusta antes de su llegada a la Casa Rosada.
Otro de los focos de conflicto recientes tiene que ver con el regreso del vocero desde Uruguay tras un viaje de descanso. Adorni utilizó un avión privado para retornar al país, un hecho que fue confirmado por el empresario y piloto Felipe Grandío, quien aseguró haber costeado los gastos del traslado.
“El vuelo lo pagué yo de mi bolsillo”, afirmó el empresario vinculado a la firma Costantini, intentando desligar al Estado de cualquier erogación económica. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre la ética en los regalos y favores que pueden recibir los funcionarios públicos de parte de actores del sector privado.
Agustín Issin, piloto de Eduardo Costantini y broker de vuelos que vendió el regreso de Adorni el 17 de febrero
La polémica se extendió al ámbito de la seguridad aeroportuaria luego de que se viralizara un video de Adorni llegando al país. El Gobierno ha apuntado contra una trabajadora de la empresa estatal encargada de la seguridad por la presunta filtración de las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia de la terminal aérea.
Cabezal de la factura emitida por Agustín Issin a Marcelo Grandio por el vuelo de regreso de Manuel Adorni el 17 de febrero de 2026. La factura fue emitida el 9 de marzo.
Desde el entorno oficialista consideran que la difusión de estas imágenes representa una vulneración de los protocolos de seguridad y la privacidad del funcionario. Por su parte, sectores gremiales advierten sobre una posible persecución laboral, mientras se evalúan medidas administrativas contra el personal que estuvo en funciones durante ese turno.
Manuel Adorni tomando el vuelo privado en San Fernando.
Estos hechos se producen en un momento donde el Gobierno nacional pregona la austeridad y la transparencia como pilares de gestión. La acumulación de estos episodios —el aumento patrimonial, los vuelos privados de cortesía y la reacción ante la filtración de imágenes— genera una tensión entre el discurso oficial y la práctica cotidiana de sus principales figuras.
Victoria Correa, la delegada gremial de Atepsa apuntada por el Gobierno.
La mirada de la opinión pública sobre la conducta de los funcionarios se ha vuelto más exigente, especialmente en un contexto de ajuste económico. La capacidad del vocero para despejar estas dudas será determinante para su imagen pública y la del Gobierno que representa ante la prensa cada mañana.
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