El Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos

l Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos

El Ministerio de Justicia formalizó la auditoría sobre la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia tras detectar irregularidades administrativas. Analizarán cuentas y convenios comerciales.

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El Gobierno nacional formalizó este lunes la intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días hábiles. La medida busca supervisar la documentación contable y administrativa de la entidad en medio de un clima de máxima tensión política.

La decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). El objetivo es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Quiénes son los veedores y qué facultades tendrán

El Poder Ejecutivo designó para esta tarea al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos profesionales contarán con "amplias facultades para acceder a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales" de la casa madre del fútbol argentino.

Durante los seis meses que dure el proceso, los expertos deberán analizar minuciosamente los estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025. El foco estará puesto en el cumplimiento de aportes previsionales, impuestos y, fundamentalmente, en la claridad de las partidas presupuestarias tras el aumento de ingresos post Mundial de Qatar.

Además de los balances, los veedores tienen la orden de indagar en la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). La IGJ cuestiona la legalidad de esta institución y busca reconstruir el flujo de fondos destinados a la adquisición de inmuebles y equipamiento para su puesta en marcha.

El trasfondo de un conflicto político y judicial

La medida profundiza una disputa que ya lleva meses entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA. Desde el organismo de control señalaron que la entidad no entregó la información requerida previamente y calificaron como "ficticio" el intento de la asociación de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires para evitar la jurisdicción de la IGJ capitalina.

“La misión de la IGJ no es solo controlar el cumplimiento de la ley sino también asistir y apoyar a los administrados”, explicaron fuentes oficiales. Sin embargo, desde el entorno de Tapia rechazaron la medida de inmediato, calificándola como una “veeduría ilegítima” con fines políticos ajenos a la normativa vigente.

El informe final que elaboren Pappacena y Ortiz de Marco será determinante para el futuro de la entidad. El resultado de la auditoría podría derivar en nuevas sanciones administrativas, requerimientos judiciales o, en el escenario más complejo, un pedido de intervención total de la asociación.