Un grupo de abogados de Rosario presentó una denuncia penal contra tres psicólogas acusándolas de elaborar informes de abuso infantil con contenidos idénticos o "calcados". Según la presentación, estas profesionales formarían parte de una estructura orientada a sostener falsas acusaciones para interrumpir el contacto entre los menores y sus padres, utilizando diagnósticos que carecen de rigor técnico y que no coinciden con las pruebas oficiales.
Una "fábrica" de informes y sospechas de asociación ilícita
La denuncia, que recayó en la fiscal Guillermina Aiello, apunta a las profesionales P.B.A., G.R.S. y N.V.A. por el presunto delito de falso testimonio agravado. Los letrados, entre los que se encuentran el exministro de Justicia Juan Lewis y la ex camarista Carina Lurati, sostienen que las psicólogas operaban bajo una modalidad sistemática.
“Haciendo un relevamiento, fuimos encontrando muchas coincidencias –por no decir situaciones idénticas– que se repetían en todos los informes y que eran utilizados para impulsar denuncias penales”, afirmó el abogado José Nanni. Según los denunciantes, los escritos presentan frases textuales y descripciones de supuestos juegos sexuales que se repiten palabra por palabra en expedientes de niños que no tienen relación entre sí.
El rol de una ONG y la falta de pruebas en Cámara Gesell
La investigación señala que las tres psicólogas pertenecen a una ONG con sede en La Plata, presidida por un exjuez federal. Aunque la entidad declara brindar contención a víctimas, los abogados sugieren que funcionaba como una plataforma para validar relatos inducidos. Un punto crítico de la denuncia es la contradicción entre los informes privados y las evaluaciones del Poder Judicial.
“Lo que tildamos de falso es el relato de los niños volcado en los informes. Cuando los chicos eran llevados a Cámara Gesell, advertíamos que parecían personas totalmente distintas”, explicó Nanni. En el ámbito judicial, los menores no presentaban los patrones de conducta ni los relatos de abuso que las profesionales aseguraban haber escuchado en la "hora del juego", una técnica que no registraban en audio ni video, impidiendo cualquier control posterior.
Consecuencias devastadoras: padres absueltos pero desvinculados
El impacto de estos informes en la vida de las familias es profundo. La denuncia detalla al menos ocho casos —con otros 15 bajo análisis— donde los padres fueron denunciados, procesados e incluso llevados a juicio basándose en estos documentos. En muchos casos, a pesar de haber sido sobreseídos o absueltos por la Justicia penal, el vínculo con sus hijos sigue roto debido a las actuaciones paralelas en el fuero de Familia.
Uno de los casos más dramáticos es el de un padre que, tras ser declarado inocente, lleva más de siete años sin ver a su hija. Los abogados advierten que estas profesionales “utilizaban la desesperación para lucrar”, cobrando sumas importantes por dictámenes que terminaban funcionando como "formularios prearmados" para destruir vínculos familiares sin sustento real.
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