En un nuevo fin de semana de fuertes controles en las zonas de mayor movimiento nocturno y recreativo de Rosario, la Secretaría de Control y Convivencia municipal labró cerca de 70 actas de contravención a cuidacoches. Los operativos, que se concentraron en Pichincha, Pellegrini y la costa central, buscan limitar una actividad que genera crecientes reclamos por extorsiones y violencia.
Operativos en puntos críticos y balance oficial
Durante las jornadas que se extendieron entre el viernes y la madrugada del domingo, los agentes municipales realizaron un total de 108 intervenciones de disuasión. El saldo final fue de 68 actas labradas por incumplimiento del artículo 300 del Código de Convivencia, que sanciona a quienes obstruyan el tránsito o se arroguen el uso del espacio público sin autorización.
Las zonas priorizadas coinciden con los sectores de mayor afluencia de público: el corredor gastronómico de Pichincha, Paseo Pellegrini, el Paseo del Siglo y toda la franja de la costa central. Según los informes de gestión, estos puntos concentran la mayor cantidad de reincidentes en la ciudad, donde ya se identificaron a más de 750 personas ejerciendo la actividad durante el último año.
El debate por la prohibición en la Legislatura
El accionar municipal se da en un contexto de fuerte presión política para endurecer las reglas. El Senado santafesino ya otorgó media sanción a un proyecto que busca prohibir la actividad de los "trapitos" en toda la provincia, otorgando a la policía facultades para intervenir de oficio y detener a los infractores.
“Estamos hablando de gente violenta”, había señalado recientemente el intendente Pablo Javkin, respaldando la necesidad de una normativa más severa. El proyecto legislativo, que ahora se encuentra bajo análisis en la Cámara de Diputados, propone penas de hasta 20 días de arresto para los reincidentes y un abordaje integral para aquellos casos vinculados a la vulnerabilidad social o consumos problemáticos.
Relatos de violencia y extorsión en los barrios
La situación en las calles refleja una tensión constante. Vecinos de la zona de Pichincha denuncian que las tarifas impuestas de manera arbitraria pueden alcanzar cifras elevadas, acompañadas de amenazas directas. “Se escuchan aprietes constantes, sobre todo a mujeres a las que se les impone un pago. Por miedo, para no renegar, la gente paga”, relató un residente del barrio bajo reserva de identidad.
El nudo del debate actual radica en la implementación de la posible ley. De aprobarse en Diputados, los municipios deberán dictar sus propias ordenanzas para adherir a la prohibición. Esto permitiría que los agentes de control local soliciten el auxilio de la fuerza policial de manera inmediata para desplazar a quienes exijan dinero por estacionar en la vía pública.
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