El sector de la discapacidad inició este miércoles un paro de 48 horas que afecta a centros de día, escuelas especiales y servicios de transporte adaptado en Rosario y el resto del país. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el jueves inclusive, responde a una crisis financiera terminal que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones básicas para miles de usuarios.
Un sistema al borde del colapso institucional
La protesta, convocada por el Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad y apoyada por organizaciones locales como Apridis y Atraes, visibiliza una situación límite. Los prestadores denuncian una ruptura en la cadena de pagos que, en muchos casos, se arrastra desde octubre del año pasado, afectando principalmente a quienes dependen de programas como Incluir Salud y PAMI.
“El paro es para mostrar que es inminente el cierre de todos los sectores en discapacidad”, advirtieron referentes del sector en Rosario. Según datos de las organizaciones, ya se registraron cierres de instituciones terapéuticas y educativas en la región, mientras que otras evalúan reducir jornadas o suspender servicios ante la imposibilidad de afrontar salarios y costos operativos.
El reclamo por la Ley de Emergencia y aranceles atrasados
El eje central del conflicto es la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aunque la norma fue ratificada por el Congreso tras un veto presidencial, su ejecución permanece suspendida. El Gobierno Nacional argumenta que el Poder Legislativo debe definir primero las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento, lo que genera un vacío legal y económico.
A este escenario se suma un desfasaje en los aranceles que ronda el 40% respecto a la inflación acumulada. Esta brecha impide que los transportistas y profesionales puedan sostener la logística mínima para el traslado y atención de los pacientes. En la Defensoría del Pueblo, las quejas por cortes de servicios y falta de cobertura médica crecieron un 40% en lo que va del año.
Impacto social y movilizaciones en la ciudad
La suspensión de actividades no solo afecta a los trabajadores, sino que deja a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin transporte ni centros de día, muchas personas con discapacidad pierden el acceso a la rehabilitación y a espacios de socialización fundamentales para su autonomía. “Las prestaciones permiten a las personas con discapacidad existir en la vida social; sin ellas, se reduce su posibilidad de educación y trabajo”, señalaron desde la Mesa por las Discapacidades.
En el marco de la primera jornada de paro, se realizaron movilizaciones hacia sedes oficiales como el Iapos y el Pami en Rosario. Los manifestantes exigen que el Estado garantice los fondos para el Sistema Único de Prestaciones Básicas. De no obtener respuestas concretas sobre la regularización de las deudas y la actualización de los valores, los trabajadores advirtieron que el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas.
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