Manuel Adorni junto a su esposa.
La Justicia federal aceleró en las últimas horas la investigación sobre los vuelos en jet privado que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, realizó a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita buscan determinar si el funcionario incurrió en los delitos de dádivas o enriquecimiento ilícito, tras detectarse inconsistencias en quién pagó realmente los traslados de su familia.
Un circuito de pagos bajo sospecha
El núcleo de la causa reside en la trazabilidad del dinero. Según la documentación incorporada al expediente, el tramo de ida fue facturado por la productora Imhouse S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio, por un monto cercano a los 7 millones de pesos. Grandio, quien también viajó en la aeronave, asegura que Adorni le entregó el dinero en efectivo, una versión que los investigadores miran con desconfianza.
Imagen de la casa que Pagano le atribuye a Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz".
“Adorni debería probar una transferencia; no sirve un supuesto pago en efectivo”, explicaron fuentes judiciales cercanas al caso. La Justicia sospecha que esta metodología podría haber sido utilizada para ocultar al verdadero financista del viaje y evitar los controles de transparencia que pesan sobre cualquier funcionario público de alto rango.
El misterioso "paquete de 10 vuelos"
Sin embargo, el punto más crítico para el jefe de Gabinete es el vuelo de regreso. La investigación reveló que ese tramo no fue abonado de forma individual, sino que forma parte de un paquete de diez viajes valuado en más de 42.000 dólares. Este abono habría sido realizado por un tercero cuya identidad permanece bajo reserva, pero que no sería una figura pública, lo que dispara las alertas sobre un posible conflicto de intereses.
Para clarificar la situación, el juez Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las empresas involucradas, incluyendo a la firma de taxis aéreos Alpha Centauri. Además, se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que informe si existieron viáticos o expedientes oficiales que respaldaran el traslado del funcionario a Uruguay.
Declaración jurada de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, el 17 de febrero de 2026. El cambio de nombre del operador se debe a que el regreso se registró vía una empresa uruguaya.
Impacto político y nuevas denuncias
El escándalo de Punta del Este no es el único frente abierto para Adorni. El funcionario ya acumula cinco denuncias en Comodoro Py, que incluyen desde el uso del avión presidencial para trasladar a su esposa a Nueva York hasta presuntas irregularidades patrimoniales. Entre estas últimas, se investiga una propiedad en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz que no figuraría en su declaración jurada.
“Si pudiera volver atrás, mi mujer no se hubiera subido al avión”, llegó a declarar Adorni recientemente en un intento por bajarle el tono a la polémica. No obstante, la presión de la oposición, liderada por diputados como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, mantiene el caso en la agenda pública, exigiendo precisiones sobre la relación entre la consultora de su esposa y empresas proveedoras del Estado.
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