El sistema universitario público atraviesa una de sus semanas más críticas. En un escenario de máxima tensión con el Gobierno Nacional, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país iniciaron un plan de lucha que combina paros totales de actividades con jornadas de visibilización en el espacio público. El eje del reclamo es unánime: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
Un inicio de cuatrimestre marcado por la protesta
Tras el inicio del ciclo lectivo 2026, las aulas de las universidades estatales volvieron a quedar vacías. En Rosario, tanto la Universidad Nacional de Rosario (UNR) como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) mantienen un cese total de actividades desde este lunes. La medida, convocada por el Frente Sindical y las federaciones CONADU y CONADU Histórica, se extenderá durante toda la semana.
“La ley tiene que ponerse en funcionamiento de manera inmediata. Esta semana buscamos que el Gobierno Nacional entienda que, de no aplicarse, la conflictividad va a profundizarse en todo el sistema universitario”, adv
Clases públicas y sensibilización en las calles
Para romper la inercia del paro y sumar a la sociedad civil al reclamo, los estudiantes organizaron jornadas de visibilización. En la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, se programaron clases públicas y actividades de sensibilización para este martes y jueves en la intersección de Entre Ríos y Córdoba, en pleno centro rosarino.
Estas acciones buscan exponer la situación presupuestaria frente a lo que consideran una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" por parte del Poder Ejecutivo, que mantiene frenada la aplicación de la normativa pese a que el Congreso de la Nación rechazó el veto presidencial el año pasado.
Los datos detrás del conflicto salarial
El reclamo no solo es presupuestario para el funcionamiento de los edificios, sino principalmente salarial. Según datos del sector, los sueldos de los docentes universitarios han sufrido una caída real del 40% frente a la inflación en los últimos dos años. La Ley de Financiamiento exige una recomposición automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un punto que el Gobierno intenta modificar con un nuevo proyecto enviado al Congreso en febrero.
“Es fundamental ser creativos y generar instancias que convoquen a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes”, apuntó Carvalho, quien además no descartó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para finales de abril si no hay respuestas oficiales.
Hacia un punto límite
El malestar en la comunidad educativa es generalizado. Los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ya advirtieron que el actual cuatrimestre se encuentra en riesgo. Sin la actualización de las partidas para gastos de funcionamiento, ciencia y técnica, y becas estudiantiles, muchas facultades operan al límite de sus capacidades operativas.
Mientras el conflicto escala, la mirada está puesta en el Ministerio de Economía. Los gremios exigen una paritaria urgente que reconozca el atraso acumulado, mientras el Gobierno Nacional apela a la austeridad fiscal para justificar la demora en la implementación de la ley vigente. El horizonte, por ahora, se presenta con más días sin clases y una creciente movilización en las calles.
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