El ministro Luis Caputo a la salida de la Casa Rosada. Fuente: REUTERS/Agustin Marcarian
En el inicio de una semana clave para la agenda legislativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje directo a los gobernadores que condicionan su apoyo a la reforma laboral por el impacto fiscal en sus provincias. El funcionario ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la reducción de impuestos, específicamente sobre el Impuesto a las Ganancias para empresas, y cuestionó la resistencia de los mandatarios provinciales al asegurar que los cálculos de pérdida de recursos están sobredimensionados.
La disputa por la caja: Ganancias en el centro del debate
El principal punto de fricción radica en la reducción del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que afecta directamente las arcas provinciales. Mientras los gobernadores estiman que la medida les restará unos $3 billones, Caputo salió al cruce con cifras oficiales. “En realidad cuesta la mitad, unos $1,5 billones, y empezaría a impactar recién en 2027”, aclaró el ministro, señalando que el ejercicio afectado será el de 2026.
Para el titular del Palacio de Hacienda, la discusión trasciende los números y se sitúa en un cambio de paradigma económico. Caputo fue tajante al sostener que la Argentina necesita ganar competitividad para atraer inversiones genuinas. “El modelo viejo de salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia escondida ahí no sirve; el país tiene que bajar impuestos”, enfatizó en declaraciones radiales.
El camino hacia las sesiones extraordinarias
El Gobierno nacional se muestra optimista respecto al avance de la modernización laboral en el Congreso, aunque reconoce que la negociación se encuentra "trabada" por la intransigencia de los jefes provinciales en materia tributaria. Desde la Casa Rosada insisten en que la reforma es fundamental para "fortalecer los derechos de los trabajadores" y generar un marco de previsibilidad para el sector privado.
“Creo que terminará pasando”, vaticinó Caputo, en referencia a la sanción de la ley. Sin embargo, el oficialismo enfrenta un doble frente de batalla: por un lado, la presión de los gobernadores por una compensación económica y, por el otro, la amenaza de la CGT y sectores vinculados al kirchnerismo de judicializar la reforma en caso de que sea aprobada por el Senado.
Modernización y competitividad industrial
La defensa de la baja de impuestos se da en un contexto de tensión también con el sector industrial. Tras recientes cruces por licitaciones internacionales, el ministro reafirmó que la prioridad del Gobierno son los "47,5 millones de argentinos" que demandan mejores productos a precios más competitivos. Bajo esta premisa, la reforma laboral es vista como la pieza necesaria para complementar la apertura económica y la desregulación estatal.
El oficialismo espera que el debate parlamentario avance rápidamente durante febrero. Mientras tanto, el Ministerio de Economía mantiene firme su postura de no ceder ante los reclamos que impliquen sostener la actual presión impositiva, bajo el argumento de que el crecimiento económico futuro compensará cualquier caída transitoria en la recaudación provincial.


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