En la víspera de una jornada clave para el futuro de la legislación laboral en Argentina, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles la realización de un paro nacional de 24 horas. La medida de fuerza busca frenar la sanción de la reforma laboral que se debatirá mañana en la Cámara de Diputados. Pese a la magnitud de la huelga, la central obrera optó por una estrategia de "calles vacías", confirmando que no habrá movilizaciones ni actos centrales.
El impacto de la huelga y el rechazo a la reforma
Desde la sede de la calle Azopardo, los referentes sindicales aseguraron que la paralización de actividades será total en todo el país. El objetivo principal es visibilizar el descontento ante un proyecto que, según denuncian, lesiona derechos adquiridos. "El paro va a ser contundente y dejará a todas las actividades detenidas", señalaron fuentes de la conducción ante los cuestionamientos por la falta de presencia en la vía pública.
Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT y titular del sindicato del Seguro, explicó que la reforma planteada por el Ejecutivo implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores. No obstante, aclaró que la central no se opone a una actualización de las normas, siempre que no se vulneren conquistas históricas: “Esta CGT no está en contra de una modernización laboral, pero sin que signifique perder derechos”.
Una medida de fuerza en un contexto de crisis productiva
La conferencia de prensa de la central obrera estuvo marcada por la preocupación ante el deterioro de los indicadores sociales y económicos. Los dirigentes vincularon la urgencia de la reforma con el cierre de empresas emblemáticas, mencionando específicamente el caso de la fabricante de neumáticos Fate, que este miércoles anunció el cese de operaciones afectando a 920 trabajadores.
Según cifras expuestas por la cúpula sindical, el panorama laboral es crítico: “Cada día se pierden 400 puestos formales y quedaron en el camino en estos dos años 21 mil pymes. Ese es el rompimiento del tejido social, laboral y productivo”. Bajo esta premisa, sostienen que el plan económico actual solo beneficia a sectores concentrados como el financiero, la minería y la energía, mientras las familias pierden capacidad de consumo.
El camino judicial y la advertencia a los legisladores
La CGT fundamenta su rechazo en tres ejes: la afectación de derechos individuales, el debilitamiento de la capacidad colectiva de los gremios y la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Sobre este último punto, denunciaron que el sistema pretende que las indemnizaciones se paguen con el propio salario diferido de los empleados, beneficiando la baja de aportes patronales.
Ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados convierta el proyecto en ley este jueves, Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato del vidrio, adelantó que la batalla continuará en los tribunales. “Iremos a la Justicia porque un montón de artículos son inconstitucionales”, afirmó. En la misma línea, Octavio Argüello advirtió a los representantes parlamentarios: "Cuando traicionen al voto popular y al pueblo trabajador se lo vamos a hacer sentir".
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