La justicia santafesina inicia esta semana un debate oral y público que marca un precedente fundamental en materia de derecho ambiental y salud pública. En el banquillo de los acusados se encuentran productores agropecuarios y aplicadores terrestres, señalados por realizar fumigaciones con agroquímicos en áreas restringidas, afectando directamente a zonas residenciales y establecimientos educativos rurales. La causa, que ha movilizado a comunidades locales, busca determinar la responsabilidad penal sobre prácticas que violan las normativas de exclusión vigentes.
El eje del conflicto: las distancias de exclusión
La denuncia central se basa en la violación sistemática de las ordenanzas locales que establecen perímetros libres de químicos para proteger a la población. Según la fiscalía, los acusados habrían operado maquinaria de pulverización, comúnmente conocida como "mosquito", a escasos metros de centros escolares en horarios de actividad, exponiendo a menores y docentes a derivas de sustancias tóxicas.
Los peritajes presentados en la etapa de instrucción revelaron trazas de glifosato y otros herbicidas en muestras de suelo y agua dentro de los predios afectados. “No estamos en contra de la producción, sino a favor de la vida y del cumplimiento de la ley que nos debe proteger a todos”, expresaron desde el colectivo de padres y vecinos que impulsaron la querella tras años de registrar afecciones respiratorias y dérmicas en la zona.
Evidencias científicas y testimonios clave
El tribunal escuchará durante las próximas jornadas a una serie de peritos ambientales y médicos especializados en toxicología. La acusación sostiene que existe un nexo causal entre las aplicaciones denunciadas y el daño ambiental generado en el ecosistema local. Se espera que las pruebas gráficas, incluyendo videos captados por los propios vecinos en el momento de las fumigaciones, sean determinantes para el veredicto.
Por su parte, la defensa de los productores argumenta que las aplicaciones se realizaron bajo recetas agronómicas autorizadas y que las condiciones climáticas del momento impedían la deriva hacia los centros poblados. Sin embargo, los registros meteorológicos de las fechas señaladas en la denuncia serán cruzados con los libros de guardia de las empresas de aplicación involucradas en el proceso.
Consecuencias y el futuro del modelo productivo
Este juicio es seguido de cerca por organizaciones ambientales y cámaras del sector agroindustrial de todo el país. Una sentencia condenatoria no solo implicaría penas de cumplimiento efectivo o multas económicas severas para los imputados, sino que también obligaría a una revisión profunda de los controles estatales sobre el uso de fitosanitarios en la denominada "zona de resguardo ambiental".
El impacto de la resolución judicial podría extenderse a otras localidades de la región centro, donde la tensión entre la expansión de la frontera agrícola y la urbanización ha generado conflictos similares. Para la sociedad civil, este caso representa una oportunidad de validar el principio precautorio, priorizando la salud pública por sobre los rendimientos económicos inmediatos.
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