El sistema de salud privado de Rosario atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la ciudad emitió una fuerte advertencia sobre las crecientes dificultades que enfrentan los efectores para cobrar por los servicios brindados a afiliados de empresas de medicina prepaga y obras sociales. La situación, que los directivos describen como un "estado de desfinanciamiento", pone en jaque la continuidad de la atención médica programada y el mantenimiento de la infraestructura sanitaria.
Una brecha financiera que se vuelve "insostenible"
El eje del reclamo radica en la demora en los plazos de pago y la falta de actualización de los aranceles frente a la escalada de costos operativos. Según las autoridades del sector, el ciclo de facturación y cobro se ha estirado a niveles que imposibilitan cubrir los gastos corrientes. “La insuficiencia de financiamiento cabalga con gastos de funcionamiento que superan los parámetros de medición del Indec”, destacaron desde la entidad que nuclea a los principales sanatorios locales.
A este panorama se suma el incremento desproporcionado en el valor de los insumos médicos, materiales descartables y medicamentos, muchos de ellos atados al valor de la moneda extranjera. Los prestadores sostienen que, mientras sus costos se disparan de forma inmediata, los ingresos provenientes de los financiadores (obras sociales y prepagas) llegan con meses de retraso y con valores que no reflejan la realidad económica actual del sector.
El impacto en Vaca Muerta de la salud: el recurso humano
La crisis no solo afecta a los edificios y las máquinas, sino fundamentalmente a los profesionales. El descontento de los médicos y el personal de sanidad ha convertido la vida sanatorial en un "estado de reclamo continuo", según describe el comunicado del sector. Ante la imposibilidad de los sanatorios de trasladar mejoras salariales o pagar honorarios dignos, se ha multiplicado la implementación de "copagos" o "bonos de emergencia" que los pacientes deben abonar para ser atendidos.
Por otro lado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha intensificado los controles, dando de baja a más de 27 entidades de salud en lo que va de 2026 por irregularidades administrativas o falta de prestaciones efectivas. Si bien el Gobierno nacional asegura que esto busca transparentar el sistema, los prestadores rosarinos advierten que la frase “no hay plata” se ha convertido en la respuesta sistemática de los financiadores para no actualizar los convenios vigentes.
Incertidumbre por el futuro de las prestaciones
La principal preocupación de los usuarios es la suspensión de servicios. En los últimos meses, ya se registraron cortes temporales en la atención a afiliados de obras sociales específicas, como Iosfa (Fuerzas Armadas) y el Iapos (obra social provincial), debido a deudas acumuladas. Desde la Asociación de Clínicas advierten que, de no mediar un acuerdo que garantice la sustentabilidad financiera, los cortes de servicios podrían generalizarse, afectando incluso a las prepagas de mayor envergadura nacional.
La situación plantea un dilema para la salud pública rosarina, ya que ante la falta de respuesta del sector privado, la demanda suele volcarse masivamente a los hospitales municipales y provinciales, los cuales ya operan al límite de su capacidad operativa y también enfrentan sus propios desafíos presupuestarios por el recupero de gastos.
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