La apertura comercial impulsada por el Poder Ejecutivo sumó este lunes un nuevo capítulo que impacta de lleno en el corazón de la industria nacional. A través de la Resolución 172/2026, el Ministerio de Economía decidió no renovar los aranceles antidumping que protegían la producción local de aluminio, una medida que afecta directamente a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Este movimiento oficialista ocurre en una semana de extrema sensibilidad para el holding liderado por Javier Madanes Quintanilla, luego de que se confirmara el cese total de actividades de la planta de neumáticos Fate, dejando a más de 900 personas sin empleo.
El fin de la protección frente a la importación china
La normativa, que lleva la firma del ministro Luis Caputo, pone fin a un esquema de resguardo vigente desde 2020. Hasta hoy, las importaciones de hojas de aluminio —provenientes fundamentalmente de China— debían pagar un arancel del 28%, una barrera que funcionaba como un fuerte desincentivo para el ingreso de material subsidiado del exterior.
Aunque la protección tenía fecha de vencimiento para el próximo 5 de marzo, el Gobierno optó por no extender el beneficio. La decisión se alinea con la hoja de ruta de desregulación económica, pero deja en una situación de vulnerabilidad a la planta de Puerto Madryn, que ahora deberá competir mano a mano con los costos de producción del gigante asiático.
Fate: el cierre de un emblema industrial de ocho décadas
La desprotección de Aluar llega apenas días después del anuncio del cierre definitivo de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando. La histórica Fábrica Argentina de Telas Engomadas, nacida en la década de 1940, bajó su persiana de forma permanente, lo que representa el despido de 920 trabajadores.
Desde la compañía señalaron que la liquidación del negocio responde a un proceso de deterioro que se profundizó en los últimos años. Según dejaron trascender fuentes vinculadas a la firma, el incremento de las importaciones de neumáticos chinos y la caída generalizada del consumo interno volvieron inviable la operación en la planta de Virreyes.
Un conflicto que se arrastra desde 2024
El desenlace de Fate no fue sorpresivo para el sector, ya que en mayo de 2024 la empresa ya había desvinculado a casi un centenar de asalariados alegando una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En aquel momento, la dirección de la firma fue tajante respecto a los obstáculos que enfrentaba la producción local.
“La abusiva sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para el pago de insumos y la elevada conflictividad gremial” fueron algunos de los puntos señalados por la empresa como determinantes de su crisis. Hoy, con la liberación de los aranceles al aluminio, el Grupo Madanes Quintanilla enfrenta un escenario de incertidumbre total sobre la sostenibilidad de sus operaciones restantes en el país.
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