La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y la fuerza policial alcanzó un nuevo pico este miércoles. Pese a que el Ejecutivo provincial puso sobre la mesa una nueva propuesta de mejora laboral, los sectores que encabezan la protesta en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario decidieron mantener las medidas de fuerza. Entre sirenas y quema de cubiertas, el reclamo que nació por fallas en la atención de la salud mental se transformó en un conflicto salarial de final incierto.
El eje del conflicto: entre el salario y la salud mental
Lo que comenzó como una demanda por la falta de asistencia psicológica integral para los agentes —detonada por el reciente suicidio de un suboficial en Rosario— derivó rápidamente en un reclamo económico estructural. Los efectivos consideran que la propuesta oficial es insuficiente y critican la implementación de "sumas no remunerativas" que no impactan en el aguinaldo ni en las jubilaciones.
El abogado Gabriel Sarla, representante de los uniformados, fue tajante al explicar que la situación es límite: “El policía no llega ni a la mitad de mes con el sueldo”. Según los manifestantes, la obligación de realizar servicios adicionales para subsistir genera un agotamiento físico y mental que compromete la capacidad operativa y la vida personal de los agentes.
Operatividad en alerta y advertencias judiciales
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la postura es de firmeza pero con un ojo puesto en el servicio de calle. Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión, admitió que la protesta impacta en la "normalidad" del servicio, aunque aclaró: “La policía está trabajando en un nivel de operatividad aceptable”. El funcionario insistió en que los canales de diálogo permanecen abiertos para evitar que el conflicto escale aún más.
Sin embargo, el clima se enrareció con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Fiscalía inició una investigación penal contra al menos 20 agentes por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ministro Pablo Cococcioni advirtió que no permitirán que se utilicen recursos públicos para fines de protesta: “Utilizar a la institución para minar la política de seguridad es cruzar una línea y no lo vamos a consentir”.
Un escenario de incertidumbre en Rosario
A pesar del despliegue de fuerzas federales para garantizar el patrullaje preventivo en las zonas más críticas de la ciudad, el acampe frente a la sede de Ovidio Lagos al 5200 continúa. Los manifestantes exigen que la recomposición llegue al sueldo básico y que se establezca un protocolo serio de salud mental para evitar nuevas tragedias dentro de la fuerza.
Por ahora, el Gobierno provincial apuesta a desgastar la protesta mediante sanciones administrativas y denuncias penales, mientras los efectivos aseguran que la oferta presentada anoche no cubre las necesidades básicas de una familia policial golpeada por la inflación. El conflicto sigue abierto y la seguridad de Rosario permanece bajo una tensa vigilancia.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.