Ariel Lijo asume la causa por corrupción en la ANDIS y definirá el futuro del expediente

El escenario judicial en Comodoro Py sumó un nuevo capítulo de alto impacto político. El juez federal Ariel Lijo quedó formalmente a cargo de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que el magistrado Sebastián Casanello decidiera apartarse de la subrogancia del Juzgado Federal 11. Lijo hereda un expediente sensible que no solo involucra a exfuncionarios, sino que pone en juego la validez de toda la instrucción.

Procesamientos, sobornos y el factor "árbol envenenado"

Antes de dejar el juzgado, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas el extitular del organismo, Diego Spagnuolo. La acusación sostiene la existencia de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos clave para personas con discapacidad. Según la investigación, el sistema operaba mediante adjudicaciones direccionadas y retornos a través de droguerías.

Sin embargo, la defensa de Spagnuolo, encabezada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, activó una estrategia legal que podría hacer caer el caso. Invocando la doctrina del "fruto del árbol envenenado", argumentan que las pruebas originales son inválidas. "Existen fallas técnicas en los audios, falta de metadatos y posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial", sostuvieron los letrados para cuestionar la génesis de la denuncia.

El revés de la Cámara Federal y el desafío de Lijo

La llegada de Lijo se produce bajo una orden directa de la Cámara Federal. Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico criticaron la gestión previa por haber desestimado "in limine" los cuestionamientos a las pruebas sin abrir el trámite correspondiente. Ahora, Lijo tendrá la responsabilidad de analizar si los audios que sostienen la acusación fueron obtenidos legalmente o si, por el contrario, presentan irregularidades que obliguen a anular todo lo actuado.

La situación es jurídicamente compleja: el magistrado recibe una causa con procesamientos firmes y embargos millonarios, pero con la obligación de examinar retroactivamente si el inicio de la investigación fue legítimo. Si se comprueba la manipulación de pruebas, el expediente podría cerrarse de manera prematura, beneficiando a los principales señalados por administración fraudulenta.

Un juez en la mira y vínculos con el Ejecutivo

Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal 4, retoma el protagonismo tras el fallido intento del Gobierno de llevarlo a la Corte Suprema el año pasado. Su designación en esta causa genera una tensión adicional, ya que la investigación roza estructuras de poder que involucran directamente a figuras cercanas al titular del Ejecutivo.

En el banquillo de los procesados también figuran nombres clave como Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como los cerebros de la organización. El futuro de la causa ANDIS dependerá ahora de la pericia técnica sobre los audios y del criterio jurídico de un juez que vuelve a estar en el centro de la escena judicial argentina.