La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, que marca un hito en la región, surge tras la publicación de un decreto que endurece los mecanismos de detección de operaciones sospechosas.
Bajo la conducción de Paul Starc, el organismo aplicó la resolución 3/2026, que ordena la inmovilización inmediata de bienes tangibles e intangibles. La normativa alcanza a bancos, casas de cambio, remesadoras, empresas de caudales y proveedores de servicios de pago digitales.
Un precedente histórico en la región
Esta decisión posiciona a la Argentina a la vanguardia internacional, siendo uno de los primeros países en aplicar estas sanciones. La medida se apoya en el artículo 306 del Código Penal, que tipifica el financiamiento de la proliferación de armamento nuclear, químico o biológico.
Desde el organismo destacaron que el procedimiento es "absolutamente novedoso desde que el GAFI integró a sus objetivos de lucha este fenómeno criminal". Según fuentes oficiales, muy pocas jurisdicciones en el mundo han adoptado acciones de este calibre hasta la fecha.
La investigación combinó inteligencia financiera recibida del exterior con un análisis local exhaustivo. Estos elementos permitieron reunir la verosimilitud necesaria para avanzar contra personas humanas residentes en el territorio nacional que estarían vinculadas a estas estructuras.
Obligaciones y sanciones para el sector financiero
Las entidades financieras y los sujetos obligados deben cotejar sus bases de datos de forma inmediata tras la notificación. En caso de hallar coincidencias, tienen un plazo máximo de 24 horas para reportar los hallazgos a través del sistema oficial de la UIF.
Durante el proceso, rige un estricto deber de confidencialidad: las empresas tienen prohibido alertar a los clientes sobre la investigación en curso. El incumplimiento de estas normas podría derivar en multas millonarias e inhabilitaciones de hasta cinco años para operar en el mercado.
"Esta decisión responde a una política clara: concentrar los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado", señalaron desde la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial firmado por Javier Milei.
El respaldo de la Casa Rosada
El Poder Ejecutivo celebró la medida, calificándola como un paso estratégico para proteger la integridad del sistema económico argentino. El comunicado oficial subrayó que la acción cumple con los compromisos asumidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para el Gobierno, el congelamiento administrativo reafirma el compromiso con el orden y la seguridad internacional. La vigencia del bloqueo se mantendrá mientras los afectados figuren en las listas de sanciones globales, y cualquier reclamo deberá tramitarse ante la justicia federal.
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