En un contexto de creciente conflictividad política y económica, las principales organizaciones que nuclean a los movimientos sociales y grupos piqueteros han confirmado que retomarán el control de la calle. Las agrupaciones anunciaron una movilización masiva al Congreso de la Nación prevista para febrero, coincidiendo con el reinicio de la actividad parlamentaria, para manifestar su rechazo absoluto a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Un frente común contra los cambios legislativos
La decisión fue consensuada tras una serie de asambleas entre referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero y diversas organizaciones de izquierda. Los dirigentes coinciden en que el proyecto oficialista representa un retroceso histórico en materia de derechos adquiridos y amenaza la estabilidad de los sectores más vulnerables de la economía informal.
Según trascendió, la estrategia no solo contempla la marcha al Palacio Legislativo, sino también una serie de cortes y manifestaciones en puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, buscando visibilizar el reclamo antes de que el debate llegue al recinto.
La articulación con los sindicatos
Uno de los puntos clave de este nuevo "plan de lucha" es la búsqueda de unidad con los gremios tradicionales. Los líderes piqueteros mantienen diálogos abiertos con sectores de la CGT y las dos CTA, intentando forjar un bloque opositor sólido que presione a los legisladores dialoguistas.
Febrero se perfila como un mes determinante para la gobernabilidad, donde la capacidad de movilización de las organizaciones sociales medirá fuerzas nuevamente con la voluntad reformista del Gobierno, en un escenario que promete elevar la temperatura política del verano.
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