El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su agenda de seguridad al oficializar la inclusión del proyecto de Régimen Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán durante febrero. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, propone una reforma estructural que tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, bajo el argumento de que el sistema actual, vigente desde 1980, ha quedado obsoleto frente a las nuevas modalidades delictivas.
Un nuevo sistema: del "tutelaje" a la responsabilidad penal
A diferencia del régimen actual, que otorga a los jueces una facultad tutelar discrecional sobre los menores de 16 años, el proyecto libertario busca establecer un sistema de responsabilidad penal desde los 13 años. Esto implica que los adolescentes que cometan delitos podrán ser sometidos a procesos judiciales, recibir condenas y cumplir penas efectivas en centros especializados.
“El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores”, explicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al defender la necesidad de actualizar la normativa. Según el funcionario, la falta de sanciones ante crímenes graves genera una "sensación de impunidad" que termina incentivando el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.
Penas efectivas y prohibición de la prisión perpetua
El proyecto establece una escala de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta la privación de la libertad en casos de delitos graves como homicidios, secuestros o violaciones. Un punto central de la reforma es que, si bien se busca el rigor, se mantienen límites constitucionales y convencionales: queda expresamente prohibida la imposición de reclusión o prisión perpetua para menores de edad.
Pena máxima: El tope de condena para adolescentes se fijaría en 15 años.
Condiciones de detención: El Ejecutivo aclaró que los menores no irán a cárceles de adultos. Cada provincia deberá legislar sobre la creación de centros de encarcelamiento diferenciados que prioricen la resocialización.
Alternativas: Para delitos menores, se proponen tobilleras electrónicas, prisión domiciliaria, programas de desintoxicación y el aprendizaje de oficios.
El debate legislativo y el impacto social
La reactivación del debate se da en un contexto de conmoción por casos recientes, como el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, que reavivó el reclamo social por mayor seguridad. “Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Es hora de saldar esta deuda con las víctimas”, sentenció la ministra Bullrich a través de sus redes sociales.
Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas de sectores de la oposición y organismos como el CELS y UNICEF, quienes advierten que no hay evidencia científica de que bajar la edad de imputabilidad reduzca los índices de criminalidad. El oficialismo, por su parte, confía en alcanzar un consenso en el Congreso, señalando que, de no lograrse el piso de los 13 años, están dispuestos a negociar un cierre en los 14 años para asegurar la sanción de la ley.
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