La tensión entre el movimiento obrero organizado y los mandatarios provinciales ha escalado a un nuevo nivel en las últimas horas. En medio del debate por la reconfiguración de las leyes del trabajo que impulsa el Ejecutivo nacional, dos de los gremios industriales más potentes del país, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Federación de Aceiteros, han lanzado una dura advertencia a los gobernadores que negocian votos a favor de la normativa en el Congreso.
Ultimátum sindical a las provincias
La postura de los sindicatos es clara: no hay margen para la negociación cuando se trata de derechos adquiridos. Abel Furlán, titular de la UOM, fue contundente al marcar la cancha respecto al rol del peronismo y los partidos provinciales en la Cámara Alta. El dirigente sostuvo que aquellos legisladores que levanten la mano para aprobar modificaciones regresivas en materia laboral no podrán ser considerados representantes de los trabajadores, independientemente de la disciplina partidaria que aleguen.
Por su parte, Daniel Yofra, líder de los Aceiteros, profundizó la crítica apuntando a la falta de una oposición firme. El reclamo central gira en torno a la gobernabilidad que las provincias estarían otorgando a la administración nacional a cambio de recursos fiscales, una moneda de cambio que, según los gremios, se paga con la precarización del empleo.
El eje del conflicto: la Ley Bases
El foco de la disputa se centra en los artículos de la reforma que facilitan los despidos y extienden los períodos de prueba, puntos neurálgicos de la denominada Ley Bases. Los dirigentes sindicales interpretan que el apoyo de ciertos gobernadores a esta iniciativa constituye una traición a las bases electorales que los llevaron al poder.
La estrategia de presión política busca romper el bloque de los mandatarios dialoguistas, instándolos a instruir a sus senadores y diputados para que rechacen el capítulo laboral. La advertencia es explícita: el movimiento obrero no olvidará los nombres de quienes avalen lo que consideran un retroceso histórico en la legislación social de la Argentina.
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