En medio de una coyuntura marcada por la inseguridad y la violencia urbana que atraviesa la provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a posicionarse con firmeza sobre uno de los debates más sensibles de la agenda política nacional: la modificación del Régimen Penal Juvenil. El mandatario insistió en la necesidad urgente de bajar la edad de imputabilidad, argumentando que el sistema actual no responde a la realidad delictiva que enfrentan ciudades como Rosario.
Menores y crimen organizado: un cambio de paradigma
La postura del Ejecutivo provincial se sustenta en un análisis crudo de la operatividad de las bandas narco-criminales. Según la visión de la gobernación, las organizaciones delictivas utilizan sistemáticamente a menores de edad para ejecutar crímenes violentos, aprovechando los vacíos legales y la ininputabilidad que garantiza la legislación vigente. Para Pullaro, la premisa es clara: "Quien comete un delito sabe lo que hace", independientemente de su edad biológica, especialmente cuando se trata de delitos graves que atentan contra la vida.
El reclamo no es aislado, sino que surge como respuesta a la participación activa de adolescentes en hechos de sicariato y extorsiones. La administración santafesina sostiene que el Estado no puede permanecer indiferente ni atado de manos frente a menores que demuestran capacidad para manipular armas de fuego y ejecutar órdenes letales.
Reformas legislativas y debate nacional
El gobernador ha instado a los legisladores nacionales a tomar cartas en el asunto, subrayando que las leyes deben adaptarse a la evolución de la criminalidad. La propuesta no solo busca reducir el límite de edad para que un menor pueda ser juzgado, sino también reformar integralmente el sistema para que existan consecuencias efectivas frente al delito.
Esta iniciativa busca terminar con la llamada "puerta giratoria" en el fuero de menores, donde la falta de herramientas procesales muchas veces deriva en la liberación rápida de jóvenes que han cometido infracciones severas. Para la gestión actual, la seguridad en Rosario y en toda la provincia depende, en gran medida, de que el Congreso Nacional habilite herramientas legales más estrictas que permitan al Estado y a la Justicia actuar con todo el peso de la ley frente a cualquier agresor, sin distinción de edad.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.