En un giro clave para una de las causas judiciales más sensibles del momento, la Justicia argentina desestimó el pedido de un imputado en el expediente Potenciar Trabajo, quien pretendía evitar el juicio oral mediante el pago de una suma multimillonaria en concepto de reparación integral.
El intento de eludir el proceso judicial
La defensa de uno de los principales acusados en la trama de presunta administración fraudulenta y extorsión vinculada a los planes sociales presentó una propuesta económica para extinguir la acción penal. Sin embargo, los magistrados intervinientes consideraron que la gravedad de los hechos investigados y el interés público involucrado impiden que el caso se resuelva con un desembolso de dinero.
El planteo buscaba aplicar una figura legal que permite cerrar causas menores a través de una compensación económica. No obstante, la fiscalía se opuso tajantemente, argumentando que se trata de delitos que afectan de manera directa los recursos del Estado destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Una causa que sacude a las organizaciones sociales
La investigación por el programa Potenciar Trabajo puso bajo la lupa el manejo de fondos públicos por parte de diversos movimientos sociales. Se investigan maniobras de coacción, desvío de dinero y facturación apócrifa, con el objetivo de financiar estructuras partidarias mediante el descuento obligatorio a los beneficiarios de los planes.
Con este rechazo, la Justicia ratifica que la causa debe avanzar hacia la etapa de debate oral, donde se determinarán las responsabilidades de los dirigentes involucrados. Los jueces sostuvieron que, ante sospechas de corrupción estatal y malversación de fondos sociales, el esclarecimiento de la verdad prevalece sobre cualquier acuerdo económico particular.
Próximos pasos en el expediente
La negativa a la reparación económica marca un precedente importante para el resto de los procesados en el expediente. La investigación continúa recolectando pruebas sobre el esquema de recaudación ilegal que, según la hipótesis judicial, funcionaba dentro de las organizaciones para extraer un porcentaje de los subsidios estatales.
En las próximas semanas se espera que se definan nuevas citaciones y se analicen los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, los cuales contienen información sensible sobre la ruta del dinero y las órdenes impartidas para presionar a los beneficiarios de los programas sociales.
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