Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur acaban de sufrir un revés que podría ser definitivo. En una decisión que cae como un balde de agua fría sobre las expectativas comerciales de ambos bloques, el Parlamento Europeo decidió frenar el proceso de ratificación del acuerdo y elevar una consulta formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La medida, aprobada en la sesión plenaria de Estrasburgo, paraliza de facto cualquier avance diplomático o técnico en el corto y mediano plazo. Lo que se presentaba como la recta final para sellar una alianza estratégica histórica, iniciada hace más de dos décadas, ha quedado nuevamente en un limbo legal y político.
Golpe judicial a la alianza transatlántica
La resolución adoptada por los eurodiputados no solo manifiesta una objeción política, sino que cuestiona los cimientos legales de la propuesta presentada por la Comisión Europea. El punto de conflicto radica en la maniobra intentada por el ejecutivo europeo para dividir el acuerdo en partes comerciales y políticas, una estrategia diseñada originalmente para acelerar la aprobación y esquivar el veto de los parlamentos nacionales de los estados miembros.
Al enviar el texto a la Justicia europea, el Parlamento busca clarificar si este desdoblamiento respeta los tratados de la Unión. Sin embargo, en la práctica, esta acción judicial tiene un efecto inmediato: el congelamiento total del expediente. Los tiempos de la corte de Luxemburgo no son breves; se estima que un dictamen podría demorar entre uno y dos años, tiempo durante el cual el tratado permanecerá en un cajón.
Incertidumbre para el bloque sudamericano
Para el Mercosur, y especialmente para los sectores agroexportadores de Argentina y Brasil, la noticia representa un obstáculo mayúsculo. La expectativa de acceder al mercado común más grande del mundo con aranceles preferenciales se diluye nuevamente frente a la resistencia del proteccionismo europeo, disfrazado en esta ocasión de tecnicismo legal.
Detrás de la decisión parlamentaria subyace la presión constante de sectores agrícolas de países como Francia e Irlanda, que han intensificado su lobby en Bruselas argumentando competencia desleal y estándares ambientales divergentes. La judicialización del acuerdo es vista por analistas internacionales como una victoria del ala proteccionista europea, que logra ganar tiempo y, posiblemente, enterrar el tratado sin asumir el costo político directo de un rechazo frontal.
El futuro de la relación birregional entra ahora en una etapa de incertidumbre absoluta. Mientras la Justicia europea delibera, el escenario global sigue cambiando, y la ventana de oportunidad para consolidar esta alianza estratégica podría haberse cerrado definitivamente.
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