El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino escala a un nuevo nivel de tensión institucional. El Gobierno nacional formalizó su pedido para constituirse como querellante en la causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social.
Una ofensiva judicial directa
La medida implica que el Estado dejará de ser un actor pasivo para tomar un rol protagónico en el expediente. Al constituirse como parte acusadora, el Gobierno tendrá la facultad de solicitar medidas de prueba, llamar a testigos y apelar resoluciones, lo que promete acelerar los tiempos de la Justicia en una investigación que apunta al corazón de las finanzas de la calle Viamonte.
Fuentes oficiales aseguran que la maniobra denunciada involucra sumas millonarias que, habiendo sido descontadas a los trabajadores, no habrían sido ingresadas al fisco en los plazos correspondientes.
El trasfondo de la disputa
Esta decisión judicial no puede disociarse del contexto político actual. La presión sobre la AFA se intensifica en medio del debate por la transparencia en los clubes y el ingreso de capitales privados al deporte. Desde la Casa Rosada sostienen que la «inviolabilidad» de los dirigentes del fútbol ha terminado y que se auditará hasta el último centavo de las obligaciones tributarias y previsionales.
Se espera que en los próximos días el juzgado interviniente resuelva la aceptación del Ejecutivo como querellante, un paso que podría derivar en futuras citaciones a indagatoria para la cúpula directiva del fútbol nacional.
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