La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó en una concentración en apoyo a la reforma de la principal ley petrolera del país en Caracas el 29 de enero de 2026. (Foto: Maxwell Briceno/REUTERS)
En una jornada que marca el fin de más de dos décadas de control estatal absoluto sobre los recursos energéticos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La nueva normativa rompe con el modelo impuesto durante el chavismo y permite, por primera vez, que empresas privadas nacionales y extranjeras asuman la gestión integral de la exploración y explotación de crudo.
Un salto hacia la inversión extranjera y el arbitraje internacional
La reforma, calificada por la administración interina como un “salto histórico”, busca reactivar una industria que llegó a producir 3 millones de barriles diarios a finales de los años 90 y que hoy intenta consolidar su recuperación tras años de crisis. El cambio normativo más sustancial se encuentra en el artículo 40, que faculta al Estado para suscribir contratos donde las operadoras privadas “asumirán la gestión integral del ejercicio de las actividades, a su exclusivo costo, cuenta y riesgo”.
Uno de los puntos clave que genera mayor expectativa en los mercados globales es la posibilidad de resolver disputas comerciales mediante mecanismos de arbitraje internacional. Esta medida busca otorgar la seguridad jurídica necesaria para atraer a gigantes energéticos de Estados Unidos y Europa, quienes habían condicionado su regreso a reglas de juego claras y protección legal fuera de la jurisdicción local.
El rol de Estados Unidos y el fin del monopolio de PDVSA
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto de reconfiguración política tras la salida de Nicolás Maduro del poder a comienzos de enero. Según trascendió, la flexibilización del régimen petrolero fue una de las condiciones impulsadas desde Washington para normalizar las relaciones comerciales. En este sentido, el gobierno de Donald Trump ya emitió licencias generales que levantan sanciones para permitir que petroleras estadounidenses vuelvan a operar plenamente en suelo venezolano.
“Estamos cumpliendo con el país para hacer de nuestra industria una gran potencia energética basada en las mejores prácticas internacionales”, afirmó Delcy Rodríguez tras la firma de la reforma. Bajo el nuevo esquema, PDVSA dejará de tener la obligación de mantener la mayoría accionaria en los proyectos conjuntos, permitiendo que el capital privado tome el control operativo y financiero de los yacimientos.
Impacto económico y metas de producción para 2026
La urgencia detrás de esta reforma responde a la necesidad inmediata de divisas. Aunque la producción de crudo mostró una leve mejoría en 2025 alcanzando el millón de barriles diarios, los expertos coinciden en que el país requiere una inversión masiva para estabilizar sus pozos y modernizar la infraestructura obsoleta.
El plan para 2026 contempla no solo la reactivación de los campos tradicionales en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, sino también la licitación de los denominados "campos verdes" o yacimientos vírgenes. Con esta apertura, Venezuela apuesta a recuperar su lugar como actor estratégico en el mercado energético global, en un momento de alta volatilidad de precios y tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
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