El Banco Central. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).
La justicia federal analiza un pedido de nulidad presentado por dos funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quienes buscan invalidar los recientes allanamientos realizados en sus oficinas. La causa investiga presuntas maniobras irregulares en la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial durante la última semana.
El cuestionamiento a la medida judicial
Los abogados defensores de los directivos implicados presentaron un escrito ante el juzgado interviniente argumentando que los procedimientos fueron "arbitrarios y carentes de sustento fáctico". Según los letrados, la medida vulneró garantías constitucionales y no respetó los protocolos de recolección de pruebas digitales.
“No existen elementos de prueba que justifiquen una medida de tal magnitud contra funcionarios de carrera que han actuado bajo la normativa vigente”, señala uno de los fragmentos del escrito presentado en los tribunales de Comodoro Py.
El foco de la defensa reside en que la orden de allanamiento habría sido "demasiado amplia", permitiendo el secuestro de dispositivos personales que no tendrían relación directa con las operaciones financieras bajo sospecha. Este punto es clave para intentar frenar el avance de las pericias tecnológicas.
La investigación por maniobras cambiarias
La causa se inició tras una denuncia que alertaba sobre supuestos beneficios discrecionales a empresas específicas para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Se investiga si existió una coordinación interna para agilizar trámites de importación a cambio de retribuciones ilegales.
Durante los operativos, el personal policial incautó computadoras, teléfonos celulares y documentación física relacionada con la aprobación de las últimas licitaciones de divisas. Los investigadores buscan determinar si hubo una alteración del orden de prioridades establecido por el sistema de control vigente.
“Estamos frente a una etapa preliminar donde se busca determinar si hubo una ventaja indebida para sectores privados en detrimento de las reservas del Estado”, explicaron fuentes judiciales cercanas al expediente.
Impacto en la autoridad monetaria
La situación genera una fuerte tensión interna en el Banco Central, en un contexto de extrema fragilidad de las reservas internacionales. La cúpula de la entidad ha optado por el silencio institucional, mientras el área legal sigue de cerca el derrotero del pedido de nulidad.
Si el juez hace lugar al reclamo de los funcionarios, gran parte de la evidencia recolectada podría quedar invalidada para el juicio. Esto obligaría a la fiscalía a buscar nuevas vías de prueba o, en su defecto, a desestimar las imputaciones por falta de sustento legal.
Por el momento, los directivos involucrados permanecen en sus cargos, aunque se les ha restringido el acceso a los sistemas de liquidación de divisas de manera preventiva hasta que se aclare su situación procesal ante la justicia.
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