El Teniente General Carlos Presti ingresa a Casa Rosada. (Foto: Claudio Fanchi/NA)
El Gobierno Nacional oficializó este lunes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permite a los militares en actividad ocupar cargos políticos y de gestión dentro del Ministerio de Defensa. La medida rompe con una tradición de décadas en la que dichas funciones estaban reservadas exclusivamente para personal civil o retirado.
Los alcances del nuevo decreto presidencial
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Ministerios y el marco regulatorio vigente de las Fuerzas Armadas. El objetivo central de la gestión actual es integrar la experiencia técnica de los uniformados directamente en la toma de decisiones de la cartera que conduce Luis Petri.
Hasta esta modificación, los efectivos que deseaban sumarse a la administración pública debían solicitar la baja o pasar a retiro efectivo. Con el nuevo esquema, podrán ejercer funciones jerárquicas manteniendo su estado militar, lo que representa un cambio significativo en la estructura del Estado.
Un cambio en la doctrina de gestión de Defensa
Desde el Ejecutivo argumentan que esta decisión busca optimizar los recursos humanos y profesionales de las fuerzas. Según el texto oficial, la medida permitirá que “cuadros altamente capacitados en logística, estrategia y ciberdefensa aporten su conocimiento de forma directa en la gestión ministerial”.
Este movimiento se alinea con la impronta que el Gobierno busca darle al área, promoviendo una mayor interacción entre la conducción política y la operatividad militar. La medida ya genera repercusiones en el ámbito legislativo, donde se analiza el impacto de este giro en la autonomía de las instituciones.
Contexto y antecedentes de la normativa
La prohibición de que militares en actividad ocuparan cargos en el Ministerio de Defensa fue un pilar de la consolidación democrática en Argentina. Establecía una clara línea divisoria entre el mando político civil y la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas para garantizar el control institucional.
Con la implementación de este DNU, el Gobierno apuesta a una modernización de la gestión que, aseguran, no afecta la subordinación de las fuerzas al poder civil. Sin embargo, el decreto deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su ratificación definitiva en los próximos meses.
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